La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el marco del proceso electoral federal.
El TEPJF señaló que López Obrador hizo uso indebido de los recursos públicos y programas sociales, coaccionó el voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental durante sus conferencias de prensa del 9 y 11 de mayo, según un comunicado publicado el 11 de julio.
El tribunal consideró que las expresiones del presidente tuvieron un impacto electoral «pues se trató de llamados a votar en favor de una opción política y en contra de otra», con lo cual se pretendió influir en la intención de voto.
También se responsabilizó a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, «por realizar manifestaciones relacionadas con el presidente en una conferencia de prensa».
Por la misma conducta, el TEPJF sancionó al coordinador de comunicación social y vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; al titular del centro de producción de programas informativos, Sigfrido Barjau de la Rosa; al entonces presidente del sistema público de radiodifusión del estado mexicano, Jenaro Villamil; a la directora de comunicación digital, Jessica Ramírez; y al jefe de departamento, Pedro Daniel Ramírez Pérez.
«Estas personas servidoras públicas, también incurrieron en uso indebido de recursos públicos, porque son las responsables de la transmisión y difusión de las ‘Mañaneras’ y emplearon recursos humanos y materiales para ello», señaló el tribunal.
En cuanto a los partidos de la Coalición «Sigamos Haciendo Historia», de Morena-PT-PVEM, el TEPJF no halló «un beneficio indebido por estas conductas», ya que no se acreditó que tuvieran conocimiento de ello.
A pesar del dictamen, el TEPJF afirmó que el presidente no podrá ser sancionado por infracciones de índole electoral por lo que únicamente se declara su responsabilidad. Mientras que en el caso de Sheinbaum, será el Congreso de la Ciudad de México «que determine lo que en derecho corresponda».
Por su parte, el presidente López Obrador rechazó el dictamen en su rueda de prensa matutina, del 12 de julio.
Dijo que la resolución «todavía se va a una última instancia, hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente claramente están mintiendo, falseando la realidad, no tienen prueba».
«Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios, gente que llegaba ahí recomendada», consideró.
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