El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró una nueva área natural protegida en Quintana Roo, que incluye terrenos en disputa con la minera Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, lo cual impide que la empresa realice actividades de operación en sus propios terrenos.
El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2024, en el que se declara que la nueva área natural protegida denominada Felipe Carrillo Puerto, abarca una superficie total de 53,227-07-02.37 hectáreas. La declaratoria abarca terrenos localizados en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel.
En respuesta al decreto, la empresa estadounidense señaló el martes que el gobierno mexicano llevó a cabo una «expropiación» de facto de sus propiedades en el Caribe mexicano.
«La expropiación de la tierra y el puerto marítimo perteneciente a nuestra empresa es otra escalada y otra violación de las obligaciones de México en virtud de los acuerdos comerciales», dijo la empresa en un comunicado agregando que «esta medida ilegal tendrá un efecto paralizante a largo plazo en las relaciones comerciales y de inversión entre México y Estados Unidos».
La disputa entre el gobierno mexicano y Vulcan Materials data desde el 2018 cuando la empresa de extracción de cantera de piedra caliza fue clausurada y sancionada en el 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo que la empresa demandó al gobierno mexicano.
La empresa dijo el martes 24 de este mes que utilizará «todas las vías jurídicas disponibles» para luchar contra el nuevo decreto.
Sin embargo, el presidente López Obrador negó el miércoles la expropiación de la minera estadounidense y defendió impedir su operación.
«No hay expropiación, es una declaratoria de Área Natural Protegida, porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales. Imagínense que se lleven grava del paraíso, porque es de las zonas más bellas de México y del mundo», argumentó el mandatario durante su conferencia matutina del 25 de septiembre.
«Ni modo que vamos a permitir que destruyan nuestro territorio», reiteró.
El gobierno argumenta que clausuró la minera tras advertir de «la existencia de probables daños y deteriores graves a los ecosistemas». Pero Vulcan Materials niega que haya afectado negativamente a cuevas subterráneas, cenotes o sitios arqueológicos y dijo que en cambio los ha protegido y preservado.
En julio del 2023, el presidente López Obrador ofreció comprar la propiedad de Vulcan por unos 385 millones de dólares, pero la compañía estadounidense rechazó una oferta afirmando que “subvalora sustancialmente nuestros activos”.
En documentos presentados sobre el caso ante un panel de arbitraje internacional, Vulcan Materials valoró la propiedad de casi 6000 acres (2.400 hectáreas), ubicada justo al sur de la ciudad turística de Playa del Carmen, en 1900 millones de dólares.
El 26 de septiembre, los senadores estadounidenses Katie Britt (R-Ala.) y John Cornyn (R-Tx) advirtieron en un comunicado a la administración entrante de Claudia Sheinbaum que habrá «consecuencias aplastantes» si no se soluciona pronto el problema con Vulcan Materials.
“La confiscación del puerto de aguas profundas de Vulcan por parte del presidente López Obrador representa una expropiación flagrante de una operación legalmente permitida y de propiedad estadounidense, y el asalto de su administración al estado de derecho está poniendo en peligro los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos» dijeron los senadores.
«Le hemos advertido en repetidas ocasiones de que si su administración traspasaba esta línea, se producirían graves consecuencias. Ahora que intenta llevar a cabo este plan de pato cojo, aprenderá rápidamente que cumplimos nuestras promesas”, agregaron.
Con información de Associated Press
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