Los demócratas del Senado están tratando de convencer a la parlamentaria del Senado–una figura no partidista que arbitra los desacuerdos sobre las reglas del Senado–para que les permita incluir alrededor de ocho millones de «green cards» en la resolución presupuestaria de USD 3.5 billones.
La aprobación de la actual parlamentaria, Elizabeth MacDonough, será necesaria debido a la peculiar vía que están usando los demócratas para aprobar el presupuesto.
Específicamente, los demócratas están utilizando el proceso de reconciliación, un procedimiento parlamentario agregado a la regla del Senado a principios de la década de 1970. El proceso permite que algunos tipos de proyectos de ley de presupuesto pasen por la cámara alta deliberativa con solo una mayoría simple, evitando por completo el obstruccionismo de los oponentes. En última instancia, lo que está permitido en este proceso depende de MacDonough, cuyo trabajo es proteger los derechos de ambas partes.
En una conferencia de prensa el miércoles, el senador Dick Durbin (D-Ill.) explicó que el Comité Judicial del Senado «cree que la inmigración es un elemento crítico en la reconciliación».
«¿Cuántos años nos hemos quejado todos de que el sistema de inmigración en Estados Unidos está roto y necesita ser arreglado?», preguntó, y agregó que la última reforma migratoria integral que surgió del Congreso fue aprobada hace 35 años y firmada por el presidente Ronald Reagan.
Luego, Durbin presagió el desafío que tendrán los demócratas para convencer a la parlamentaria. Dijo, «este paquete de inmigración tiene un costo asociado».
Según las reglas vigentes del proceso de reconciliación, las disposiciones de los proyectos de ley de reconciliación deben tener un impacto en los gastos e ingresos del gobierno federal que sea más que «meramente incidental». Durbin también señala que el personal de los comités relevantes ya se ha reunido con la parlamentaria, con la esperanza de convencer a MacDonough de que la disposición de inmigración está permitida legalmente bajo las reglas del proceso de reconciliación.
«Si más y más personas se convierten en residentes permanentes legales, califican para algunos programas gubernamentales», admitió Durbin. «Pero», sostuvo, «los economistas están de acuerdo en que por cada dólar pagado a través de un programa gubernamental a un residente legal permanente, diez dólares se devuelven a la economía».
En cuanto a si es probable que MacDonough apoye la medida, Durbin admitió que no estaba seguro y señaló que la decisión está «enteramente en sus manos en este momento».
Los demócratas deben contar con el apoyo total de la parlamentaria, la cual puede derribar unilateralmente la medida por su propia autoridad.
La parlamentaria tiene un historial riguroso en reconciliación presupuestaria
En esa capacidad, MacDonough no ha tenido reparos en matar las prioridades de ambas partes que ella consideraba que estaban fuera del alcance de la reconciliación.
Por ejemplo, en 2017, los republicanos intentaron agregar una disposición a la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos–aprobada por el proceso de reconciliación–que habría derogado las restricciones sobre iglesias, fundaciones benéficas y universidades que prohibían a estas organizaciones sin fines de lucro involucrarse políticamente o respaldar candidatos.
Luego de que los demócratas recuperaron la mayoría, MacDonough también impuso restricciones a lo que se les permitió hacer. En febrero, la parlamentaria falló en contra de incluir un salario mínimo de USD 15 en un paquete de ayuda para el virus del PCCh (virus del Partido Comunista Chino) propuesto por el presidente Joe Biden.
En ambos casos, el partido mayoritario trató de convencer a MacDonough, con poco éxito, de que las disposiciones estaban relacionadas con el presupuesto. Ahora, los demócratas están tratando de obtener la aprobación de la parlamentaria para una disposición igualmente amplia: una que permitiría que hasta ocho millones de extranjeros ilegales reciban las «green cards», lo que los encaminaría hacia la ciudadanía.
Incluidos bajo esta disposición estarían los llamados «Dreamers»–un grupo de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños y recibieron amnistía bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una controvertida orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama–a los trabajadores agrícolas, a otros trabajadores esenciales, entre otros.
Este objetivo de un camino hacia la ciudadanía para ocho millones de extranjeros ilegales se queda corto frente a los objetivos más ambiciosos del presidente en la campaña electoral.
Durante un debate presidencial en octubre, se le preguntó al entonces candidato Biden sobre el historial de la administración Obama. En las campañas de 2008 y 2012, la reforma migratoria integral fue una prioridad clave de Obama-Biden, pero la administración no logró llevar a cabo estos cambios prometidos.
Biden explicó que él y el expresidente Obama «cometieron un error (…) tardamos demasiado en hacerlo bien».
Luego, Biden hizo su ambiciosa promesa, diciendo que en sus primeros 100 días «enviaría al Congreso de los Estados Unidos un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados». Continuó diciendo: «Los llamados ‘Dreamers’ (…) [van] a ser certificados nuevamente de inmediato para poder permanecer en este país y emprender el camino hacia la ciudadanía».
Si bien una de las principales prioridades de Biden en la campaña electoral–un camino hacia la ciudadanía y la protección continua de los «Dreamers»–se incluiría en la disposición si fuera aceptada por la parlamentaria, aún estaría muy lejos de esta meta de amnistía de 11 millones.
Un esfuerzo de amnistía «sin precedentes y peligroso»: FAIR
Preston Huennekens, gerente de relaciones gubernamentales de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), criticó este reciente esfuerzo de amnistía.
FAIR es una organización no partidista que describe su misión como «buscar soluciones que ayuden a reducir el impacto negativo de la inmigración descontrolada en la seguridad, la economía, la fuerza laboral, la educación, la atención médica y el medio ambiente de la nación».
Huennekens comenzó: «El esfuerzo de los demócratas de la Cámara y el Senado de utilizar el proceso de reconciliación presupuestaria para amnistiar a millones de extranjeros ilegales no tiene precedentes y es peligroso».
Luego enumeró las preocupaciones que él y las organizaciones tienen sobre la acción. Primero, dijo que «otorgar amnistía a millones de extranjeros ilegales exacerbará nuestra crisis fronteriza y dañará profundamente a nuestra nación durante décadas».
Actualmente, la frontera sur está experimentando niveles de inmigración sin precedentes. Los republicanos han culpado de esto a la actitud relajada de Biden hacia la frontera. En una carta (pdf) dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, acusó a la administración Biden de «negarse a cumplir con su responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso».
Huennekens también advirtió que permitir la disposición en el proyecto de ley de reconciliación «sentaría un precedente terrible y una oportunidad para que el partido en el poder eluda el proceso legislativo tradicional para promulgar prioridades impopulares de interés especial no relacionadas con gastos o ingresos».
“Esta acción”, dijo, “es claramente ‘meramente incidental’ a los objetivos del paquete de infraestructura de USD 3.5 billones”, por lo que queda fuera del alcance del proceso de reconciliación. Más bien, «está redactado con el único objetivo de amnistiar a los extranjeros ilegales».
Huennekens concluyó: “Esto no tiene nada que ver con el gasto o el presupuesto federal. Es un intento descarado de los demócratas de aprobar una legislación que es política y prácticamente imposible fuera del proceso de reconciliación presupuestaria».
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