La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes la campaña de intimidación llevada a cabo por las autoridades chinas en el extranjero contra miembros de la etnia minoritaria uigur residentes fuera de China.
Según el informe de AI publicado hoy, Beijing ha recurrido a medidas de presión como llamadas telefónicas o mensajes intimidatorios a través de sus embajadas en el extranjero, pero también ha utilizado a los familiares de aquellos exiliados que permanecen en la región noroccidental china de Xinjiang como medida de presión.
La investigación revela que 181 de los entrevistados recibieron amenazas cuando trataron de denunciar la situación, 21 personas indicaron que las autoridades chinas habían usado alguna aplicación de mensajería para ponerse en contacto con ellas de manera intimidatoria y 39 recibieron llamadas en el mismo tono para obtener información personal.
Asimismo, a 26 personas se les propuso convertirse en informadores del régimen.
Las restricciones cada vez más estrictas impuestas a la población uigur mayoritariamente musulmana han sofocado la vida en la tensa región de Xinjiang, donde las barbas están parcialmente prohibidas y nadie puede rezar en público. (JOHANNES EISELE / AFP / Getty Images)
El dossier de Amnistía se basa en entrevistas en persona y encuestas llevadas a cabo entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, con «unos 400 uigures, kazajos y uzbecos y miembros de otros grupos étnicos residentes en 22 países en los cinco continentes».
«Incluso habiendo huido de Xinjiang, los uigures y otras minorías no están a salvo -asegura el investigador de AI Patrick Poon-. El régimen chino siempre encuentra un modo de localizarles, intimidarles e incluso de intentar llevarlos de vuelta a un futuro sombrío, hasta recurriendo a presiones a otros gobiernos para que los devuelvan (a China)».
«Estos escalofriantes relatos de uigures residentes en el extranjero ilustran que la larga sombra de la represión contra los musulmanes de China se extiende mucho más allá de sus fronteras», advierte Poon.
Entre los casos aportados por la ONG destaca el de un ciudadano al que llamó Yubus Tohti, que se encontraba en Egipto cursando sus estudios en el momento en el que la Policía china se puso en contacto con él por la aplicación de mensajería WeChat, a través de la cual le solicitaron información personal.
Según el relato, Tohti huyó a Turquía y después, a Holanda. Meses después, su hermano, residente en Turquía, recibió mensajes de la Policía de Xinjiang, donde reside la minoría musulmana uigur.
En ellos, «le dijeron que estaban junto a sus padres y que debería regresar a Xinjiang, lo cual él entendió como una amenaza directa a la seguridad de sus padres», según AI.
A raíz de aquello, Tohti perdió todo contacto con su familia y desconoce su estado y paradero.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado una campaña, iniciada en 2017 por el régimen chino, de detención arbitraria e internamiento de hasta dos millones de uigures y miembros de otras minorías de fe mahometana de Xinjiang en centros que Beijing llama «de formación profesional» y que, según las autoridades, sería su contribución a la lucha antiterrorista en el mundo.
Sin embargo, los testimonios recogidos, así como documentos oficiales filtrados a la prensa -siempre tachados de falsos por Beijing- muestran una imagen radicalmente distinta de esos centros y de esa campaña, que no solo prohíbe los símbolos religiosos o el uso de su propio idioma en favor del mandarín, sino que también ha incluido la destrucción de lugares sagrados y de culto musulmán en China.
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