Un juzgado de Bolivia decidió este martes ampliar por un mes la detención preventiva del gobernador de la región oriental de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, por su participación en una huelga ciudadana en ese departamento, para exigir la realización pronta del censo de población y vivienda.
Este caso se suma a otros por los que el opositor, preso en una cárcel en el Altiplano de La Paz desde fines de 2022, también debe cumplir reclusión y que incluyen una acusación por la crisis de 2019.
El Juzgado Primero de Anticorrupción de La Paz amplió la detención preventiva hasta el próximo 27 de febrero y fijó para ese día una audiencia donde se deberá considerar nuevamente la libertad del opositor, según un comunicado de prensa de la Gobernación de Santa Cruz.
El abogado del gobernador, Martín Camacho, consideró que la ampliación de la detención preventiva es «exagerada y desproporcionada», por lo que se interpuso un «recurso de apelación incidental».
En octubre de 2022 hubo en Santa Cruz una huelga ciudadana que duró 36 días para exigir que el censo de población, diferido por las autoridades para este año, se realizara en 2023.
Un dirigente de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, denunció a Camacho y a otros cuatro líderes cruceños por la huelga y la Fiscalía los acusó por delitos como terrorismo, resoluciones contra la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, entre otros.
Otros casos
Camacho está en prisión desde finales de 2022 por el caso ‘golpe de Estado I’, relacionado a la crisis política de 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un ‘golpe de Estado’ contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
A fines de diciembre, la Fiscalía presentó la acusación formal dentro de este proceso y pidió 20 años de prisión para Camacho, un exministro, un exjefe militar y un exjefe policial por terrorismo.
En el capítulo sobre Bolivia en su informe anual de 2023, Human Rights Watch (HRW) señaló que Camacho fue detenido por terrorismo, «un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiado amplia».
HRW señaló que revisó los documentos de su detención «y no halló pruebas que respaldaran» dicha acusación.
Camacho también está detenido preventivamente por la supuesta compra irregular de un camión de bomberos para su región, un caso en el que la Fiscalía le acusa de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Además, en mayo de 2023, el opositor sumó otra resolución de detención preventiva por una denuncia contra un decreto que firmó para la designación de un gobernador interino.
En diciembre, un juez determinó la libertad del gobernador en este caso, si bien debe permanecer en prisión por los otros procesos que se le siguen.
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