Las recientes condenas de acusados de alto perfil en los casos del 6 de enero de 2021 pueden tentar a los fiscales a presentar cargos de «conspiración sediciosa» contra el expresidente Donald Trump en relación con los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, afirman los analistas jurídicos.
Sin embargo, Trump parece disponer de sólidas defensas plausibles contra tal acusación. Y los fiscales corren el riesgo de avivar más reacciones políticas si una administración dirigida por demócratas presenta un caso federal contra el principal candidato presidencial republicano.
En Nueva York ya se han presentado cargos estatales contra Trump por «registros comerciales falsos». Podría producirse una segunda acusación estatal por la oposición de Trump a los escrutinios de las elecciones de 2020 en Georgia. Ambos casos están supervisados por fiscales demócratas, lo que alimenta la opinión de Trump de que las investigaciones tienen una motivación política.
Mientras tanto, a nivel federal, el abogado especial Jack Smith ha estado investigando a Trump en dos frentes: la presunta manipulación indebida de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), y las acciones de Trump en torno al 6 de enero.
Aunque Trump también podría ser vulnerable a acusaciones derivadas del «document-gate», los rumores de que Smith podría acusar a Trump en relación con el 6 de enero se han intensificado tras los últimos acontecimientos.
En mayo, dirigentes de grupos de extrema derecha fueron declarados culpables y condenados por su participación en la irrupción en el Capitolio. Citando su preocupación por las investigaciones de Smith, los abogados de Trump enviaron una carta solicitando una reunión con el fiscal general Merrick Garland, que nombró a Smith días después de que Trump anunciara su campaña presidencial para 2024.
La exhortación «pacífica» como defensa
El ex profesor de Derecho Rob Natelson, investigador principal del Independence Institute, un think tank libertario con sede en Colorado, cree que los fiscales probablemente tendrían dificultades para probar un caso de conspiración sediciosa contra Trump.
«Está registrado que el expresidente Trump dijo a sus partidarios que se dirigieran pacíficamente al Capitolio», señaló Natelson en una entrevista concedida el 26 de mayo a The Epoch Times.
El hecho de que Trump instara a una multitud masiva a marchar «pacífica y patrióticamente» parece contradecir las acusaciones de que Trump intentaba incitar a un ataque violento contra el gobierno estadounidense durante los últimos días de su presidencia, dijo Natelson.
Aún así, dijo Natelson, puede prever la posibilidad de que se intente un enjuiciamiento «en estos días en que la ley se convierte tan a menudo en un arma».
Cientos de días encarcelados, a la espera de juicio
Hasta ahora, al menos 1020 personas han sido acusadas de delitos relacionados con el 6 de enero, según una base de datos recopilada por LookAheadAmerica.org, grupo no partidista y sin ánimo de lucro dedicado a la integridad electoral y los derechos de los ciudadanos.
La base de datos muestra que docenas de acusados del 6 de enero han sido encarcelados durante largos periodos a la espera de juicio. Hasta el 31 de mayo, unas 145 personas estaban tras las rejas por cargos relacionados con el 6 de enero. «Muchos llevan detenidos más de 800 días», dice el análisis de datos del grupo. «Jake Lang, que acudió en ayuda de Rosanne Boyland cuando ésta agonizaba y era golpeada en la escalinata del edificio del Capitolio, está actualmente encarcelado 865 días, en espera de juicio. En comparación, en 1979, un régimen hostil iraní retuvo, y luego liberó, a 52 rehenes estadounidenses durante 444 días», señala Look Ahead America.
Como reportó The Epoch Times en su documental de 2022, «La verdadera historia del 6 de enero«, un gran número de manifestantes, preocupados por la legitimidad de las elecciones de 2020, se limitaron a llevar pancartas, cantar y entonar cánticos.
Mucha gente se quedó fuera del edificio y permaneció pacífica. Algunos entraron por las puertas abiertas del Capitolio y pasearon por los pasillos como turistas, sin causar ningún daño; a algunos se les obligó a entrar. Pero otros participantes se volvieron violentos, atacaron a la policía y destrozaron propiedades.
Dos meses después de que un abogado defensor sugiriera que una mujer no identificada apodada «Boina Rosa» había atraído a la gente al interior del Capitolio, fue incluida en la lista de los más buscados del FBI, según reportó anteriormente The Epoch Times.
Se debate la acusación de sedición
Al menos media docena de acusados del 6 de enero han sido condenados por conspiración sediciosa, una acusación grave y poco utilizada. La acusación existe desde el final de la Guerra Civil; estaba pensada para ser utilizada contra los sureños decididos a rebelarse contra el gobierno federal.
Tal acusación alega que al menos dos personas trabajaron juntas para «derrocar o destruir por la fuerza» al gobierno de EE. UU., oponerse a su autoridad o impedir la ejecución de una ley.
Los fiscales federales argumentaron con éxito que los miembros de dos grupos de derechas, los Proud Boys y los Oath Keepers, conspiraron para interferir en el recuento ceremonial de los votos del Colegio Electoral por parte del Congreso y en el traspaso de poderes de Trump al entonces presidente electo Joe Biden. Los abogados defensores sostuvieron que sus clientes ejercieron su derecho a la libertad de expresión recogido en la Primera Enmienda.
Los Proud Boys fueron condenados a pesar de que un informante del FBI declaró que, por lo que él sabía, no existía un plan organizado para atacar el edificio. En su lugar, dijo, se impuso «una mentalidad de rebaño».
En cuanto a Trump, dijo Natelson: «No he visto ninguna prueba de que promoviera la violencia en modo alguno».
Los detractores de Trump señalan que había defendido una teoría jurídica que afirmaba que el vicepresidente Mike Pence tenía autoridad para retrasar la certificación de los controvertidos resultados electorales. «No estoy de acuerdo con esas teorías jurídicas, pero no creo que se las pueda calificar realmente de insostenibles», dijo Natelson. «Y, en cualquier caso, promover teorías jurídicas insostenibles no es lo mismo que abogar por el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos».
Natelson cree que es poco probable que Trump sea condenado por conspiración sediciosa. También cree que si se produjera tal acusación y condena, las posibilidades de que se mantenga en apelación son «pequeñas o nulas».
La «percepción» no es buena
John Banzhaf III, abogado de interés público y profesor de Derecho en la Universidad George Washington, dijo que las recientes condenas de los Proud Boys no ayudan a los fiscales «desde un punto de vista estrictamente legalista». Pero esas condenas «podrían muy bien marcar una gran diferencia en términos de lo que podríamos llamar ‘la percepción’ de la situación», declaró a The Epoch Times en una entrevista realizada el 30 de mayo.
En otras palabras, ahora que varios acusados han sido declarados culpables y condenados por conspiración sediciosa, podría parecer «un poco mejor» para el gobierno de Biden presentar tales cargos contra Trump, dijo Banzhaf.
«En cualquier caso de alto perfil, la perspectiva puede ser a menudo muy importante», dijo, y añadió que eso es especialmente cierto en este «caso literalmente sin precedentes». Si Smith consigue una acusación contra Trump, eso pondría, en efecto, a un destacado candidato a la presidencia de EE.UU. –Biden– a cargo de procesar a su principal rival político, Trump.
Trump y otros alegan que Biden, político de carrera, y su familia han estado aislados de un escrutinio significativo en múltiples frentes. Sin embargo, Trump, un hombre de negocios que había estado fuera de la política antes de aspirar a la presidencia y ganarla, afirma que se le ha perseguido injustamente. Tanto Biden como Trump han negado haber cometido delito alguno.
Si los fiscales federales bajo el control de Biden emprenden acciones contra Trump mientras ambos hacen campaña para ganar la Casa Blanca, la situación podría hacer que la nación pareciera «una república bananera o un país del Tercer Mundo», dijo Banzhaf.
Por lo tanto, «el fiscal federal tiene que ser consciente de un problema real de anulación del jurado», por el que ninguna prueba persuadiría a los jurados de condenar porque juzgaran la propia acusación como manifiestamente injusta, dijo Banzhaf.
Los partidarios acérrimos de Trump no estarían solos en su defensa del expresidente en estas circunstancias, predice Banzhaf. Cree que algunos ciudadanos comunes, menos inclinados a la política, podrían compartir su disgusto por un uso aparentemente inapropiado de los recursos del gobierno.
Cuestión clave rara vez planteada
La acusación de conspiración sediciosa también podría ser difícil de probar, dijo Banzhaf.
El 6 de enero de 2021, Trump declaró: «Luchamos en cuerpo y alma, y si no luchas en cuerpo y alma, ya no tandrás país».
Pero eso probablemente no baste para demostrar que «incitó» a la violencia, dijo Banzhaf. Cuando dijo «lucha», puede que fuera una forma de hablar. Y, señaló Banzhaf, ese comentario es similar a las declaraciones de otros políticos.
También hay que superar un obstáculo jurídico poco discutido: la histórica sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Brandenburg contra Ohio.
En ese caso de 1969, el tribunal sostuvo que «el discurso que propugna una conducta ilegal está protegido por la Primera Enmienda a menos que el discurso pueda incitar a una ‘acción ilegal inminente’«, según la Enciclopedia de la Primera Enmienda.
Debido al caso Brandenburg, «debes crear un peligro claro y presente, y tiene que ser muy, muy claro, muy, muy preciso», dijo Banzhaf.
Dijo que pocas personas parecen haber reflexionado sobre esta cuestión fundamental: «¿Tan claro era el peligro cuando Trump pronunció su discurso?».
Si el peligro era tan claro, alguien debería haber «llamado inmediatamente después de su discurso y haber dicho: ‘Eh, está claro: van a marchar hacia el Capitolio; hay que hacer algo'», dijo Banzhaf. «Pero nadie lo hizo».
Caso Georgia: ¿Fuerte o «insulso»?
Entre los cuatro problemas legales a los que se enfrenta Trump, Banzhaf cree que el caso de Nueva York contra Trump es el más débil. Las investigaciones de Smith sobre los documentos y el 6 de enero están en el medio. Pero el caso de interferencia electoral de Georgia puede ser «el más fuerte y el que tiene más probabilidades de ganar», dijo Banzhaf.
Banzhaf fue el abogado que presentó la denuncia original en el condado de Fulton, Georgia, que condujo a la investigación del fiscal Fani Willis sobre Trump. Por tanto, Banzhaf admite que tiene «un poco de prejuicios» a favor de ese caso.
El caso de Georgia gira en torno a si Trump o sus aliados violaron las leyes al impugnar los resultados de la supuesta victoria de Biden en Georgia.
El 2 de enero de 2021, Trump llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, también republicano, y le dijo que necesitaba «encontrar» algo menos de 12,000 votos para asegurarse la victoria.
Sin embargo, ese comentario ha sido objeto de diversas interpretaciones, por lo que resulta difícil demostrar una posible intención delictiva tras esa declaración.
Natelson, investigador principal del Independence Institute, dijo que leyó la transcripción de la llamada de Trump a Raffensperger. «No veo nada que me parezca delictivo», dijo, reconociendo que el derecho penal no es su especialidad.
«De nuevo, siempre es posible que un fiscal celoso intente inculparle [a Trump]», dijo Natelson. «Pero cuando piensas en lo que ocurre en la política estadounidense, pedirle a alguien que presente votos adicionales que él cree que existen realmente, es algo bastante insulso».
Con información de The Associated Press.
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