La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo de 2021 por la crisis de 2019, envió este jueves una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para pedir la «atención» a su caso junto a la de otros «presos políticos» de la región.
Áñez aseguró que escribió a la OEA y a Almagro «llamando su atención para que los presos políticos de Bolivia y el continente no sean olvidados» y que estos casos estén en la «agenda institucional» del organismo hasta conseguir su liberación.
La expresidenta interina dio a conocer el contenido de la carta en sus redes sociales, que son administradas por sus familiares, de su puño y letra.
Reclamo por la injusticia
En la misiva Áñez explica que busca transmitir lo que siente sobre algunos hechos que «debieran merecer mayor atención de parte de los Gobiernos democráticos del continente» como la situación de los derechos humanos y la Justicia en países en los que se «persiguen y encarcelan» a inocentes.
«La injusticia que impera en Bolivia sin que los organismos multinacionales parezcan ocuparse de esta grave afrenta a cualquier sistema democrático», asevera.
Áñez hace referencia a su «prisión política» con una «sentencia anticipada» y reclama que esto «debería llamar la atención y la preocupación de los Estados americanos» y de sus instituciones.
La exmandataria transitoria boliviana se dirige directamente a Almagro e insiste a que, por medio suyo, «los presos políticos de Bolivia y del continente no sean olvidados» e insta a que sean parte de una «agenda de la democracia» que los tome en cuenta «hasta que sean liberados».
También argumenta que Bolivia «es el primer país de América» en privar a una exmandataria por el delito de terrorismo.
Asimismo, Áñez menciona que el gobierno del presidente Luis Arce «no difiere en su conducta autoritaria» y lo asemejó a las Administraciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a las que llamó «tiranías».
«Lucho contra la soledad y el abandono del sistema democrático y judicial que debía garantizar mi libertad y mi derecho a la defensa», remarca entre otras dificultades de su reclusión como las restricciones a recibir visitas y sus problemas de salud.
Los antecedentes
Áñez está encarcelada en un penal en La Paz desde marzo de 2021 por la crisis de 2019, en la que hubo manifestaciones por denuncias de fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales, quien luego renunció a la Presidencia, mientras que el oficialismo considera que ese año hubo un «golpe de Estado» contra el líder político.
En un primer proceso denominado «golpe de Estado I» se le acusó a Áñez de terrorismo, sedición y conspiración, con lo que se la detuvo preventivamente.
En marzo pasado, el Tribunal Constitucional declaró que el delito de sedición «queda expulsado del ordenamiento jurídico boliviano» por lo que el caso «golpe de Estado I» ahora se basa únicamente en la acusación por terrorismo.
Por otro lado, se le abrió otro proceso, «golpe de Estado II», bajo acusaciones de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes, al considerar que ella se colocó ilegalmente en línea de sucesión constitucional para acceder a la Presidencia, luego de la renuncia de Morales, su vicepresidente y los líderes del Parlamento.
Por este último caso, la Justicia boliviana condenó a Áñez en junio pasado a 10 años de prisión.
La situación de la exmandataria ya ha generado el pronunciamiento de varios organismos internacionales que consideraron que le corresponde un juicio de responsabilidades y no procesos por la vía ordinaria.
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