Aunque el presidente Donald Trump tuvo gran éxito colocando a sus nominados en la banca federal en el 2019, el año parece más probable que se recuerde como un momento de fuerte resistencia judicial a la agenda de Trump, particularmente con respecto a las políticas de inmigración.
En un discurso del 15 de noviembre, el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, resumió el agravio de la administración Trump cuando se opuso apasionadamente al movimiento de «resistencia» izquierdista contra Trump que está «usando todas las herramientas y maniobras para sabotear» la administración Trump, mientras que sistemáticamente «tritura» las normas y socava el estado de derecho.
Barr dijo que «inmediatamente después de que el presidente Trump ganó las elecciones, los opositores inauguraron lo que llamaron ‘La Resistencia’ y se unieron en torno a una estrategia explícita de utilizar todas las herramientas y maniobras disponibles para sabotear el funcionamiento de su administración».
Barr dijo que los poderes legislativo y judicial han invadido los poderes de la rama ejecutiva durante años. Ha habido una «tendencia instintiva [entre los demócratas y los medios de comunicación] de ver a las ramas legislativa y judicial como los buenos, protegiendo a la gente de un autócrata rapaz y en potencia».
Hostilidad
Por otra parte, los esfuerzos del Presidente a lo largo del año pasado para reformar el sistema de inmigración, tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza de la nación han sido recibidos con hostilidad por todo el sistema judicial federal.
Los esfuerzos para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a realizar su trabajo han sido rechazados con regularidad en los Tribunales. El movimiento de Trump para bloquear el financiamiento federal a las llamadas jurisdicciones santuario como la de Oregon, que obstaculizan al ICE, ha sido detenido por jueces federales.
Por ejemplo, en agosto, el juez de distrito de Estados Unidos Michael J. McShane de Eugene, Oregon, sostuvo que la administración Trump no tenía autoridad legal para imponer condiciones a millones de dólares en subvenciones para la aplicación de la ley proporcionadas por el Congreso. McShane fue nombrado por el entonces presidente Barack Obama en 2013.
McShane encontró que el intento de la administración de atar los hilos legales a las concesiones se atascó en la Décima Enmienda, que establece que los poderes no asignados específicamente al gobierno federal son retenidos por los estados o el pueblo.
En junio, la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani, de Boston, convirtió los juzgados federales de su estado en santuarios para inmigrantes ilegales. Prohibió a los agentes del ICE «arrestar civilmente a las partes, testigos y otras personas que asisten a los tribunales de Massachusetts en misión oficial mientras van, asisten o salen del tribunal». Talwani fue nominada por el entonces presidente Obama y confirmada en 2014.
Los jueces federales también han emitido órdenes que impiden a la administración Trump procesar a los inmigrantes solicitantes de la manera que prefiere.
En abril, el juez Richard Seeborg, con sede en San Francisco, nombrado en 2010 por Obama, detuvo el programa de la administración que requería que los solicitantes de asilo en la frontera sur esperaran en México mientras se procesaban sus solicitudes.
En octubre, tres jueces federales nombrados por presidentes demócratas bloquearon la regla de «cargo público» de la administración Trump, destinada a asegurar que los futuros inmigrantes a Estados Unidos puedan mantenerse a sí mismos sin convertirse en una carga para los contribuyentes.
La regla le daría al gobierno cierta libertad de acción para negar las tarjetas de residencia, que otorgan el estatus de residente permanente a los individuos, si, de acuerdo con la metodología del gobierno, se considera probable que los individuos se vuelvan dependientes de los programas de asistencia social. No tendría ningún impacto en los asilados o en aquellos que ya tienen tarjetas de residencia o se han convertido en ciudadanos estadounidenses.
Los jueces de distrito de Estados Unidos George B. Daniels, de Nueva York, y Rosanna Malouf Peterson, del estado de Washington, emitieron sendos mandamientos judiciales preliminares a nivel nacional contra la norma. Daniels encontró que los demandantes probablemente tendrían éxito en su demanda de que la administración violó la ley federal porque la administración «no proporcionó ninguna explicación razonable…».
La tercera jueza, la Jueza de Distrito de Estados Unidos Phyllis J. Hamilton de California, dio el inusual paso de recitar en su opinión el poema de Emma Lázaro, «El nuevo coloso», que aparece al pie de la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York, lenguaje que ella reconoció no es legalmente vinculante.
Daniels y Hamilton fueron nombrados por el entonces presidente Bill Clinton; Peterson, por el entonces presidente Barack Obama.
En septiembre, el juez de distrito de Estados Unidos Anthony J. Trenga, de Virginia, dictaminó que la Base de Datos de Detección de Terroristas (TSDB) del gobierno, una lista de vigilancia de más de un millón de terroristas conocidos o sospechosos que incluye solo unos 4,600 ciudadanos estadounidenses, viola los derechos constitucionales de los incluidos en ella. La TSDB no proporciona «un proceso procesal constitucionalmente suficiente», escribió la persona designada por el expresidente George W. Bush.
En noviembre, la jueza de distrito Denise J. Casper, de Boston, sostuvo que los funcionarios de los puertos de entrada a Estados Unidos no pueden registrar los dispositivos electrónicos de los viajeros internacionales si no se sospecha que han cometido un delito, aunque la administración dijo que tales registros habían arrojado información de inteligencia procesable. Casper es una persona designada por Obama.
En mayo, el juez de distrito de EE.UU. Haywood S. Gilliam Jr. de San Francisco, nombrado por el entonces presidente Barack Obama, prohibió a la administración Trump «tomar cualquier acción para construir una barrera fronteriza» en partes de Arizona y Texas con fondos reasignados del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
En octubre, el Juez de Distrito de Estados Unidos David Briones en Texas, quien fue designado por el entonces Presidente Bill Clinton, dictaminó que la Proclamación 9844 de Trump violaba la legislación de gastos aprobada por el Congreso que prohíbe que los fondos cubiertos por el estatuto se utilicen para cualquier proyecto que no esté específicamente enumerado en el proyecto de ley.
Nombramientos
Pero la resistencia judicial experimentada por el gobierno de Trump pronto podría ser compensada a medida que más jueces nombrados por Trump se encuentren en la banca federal.
Esto se debe a que el presidente ha estado llenando vacantes judiciales a nivel federal a un ritmo récord, algo que resonará en los años venideros cuando la rama judicial, y con ella la jurisprudencia estadounidense, se convierta en un gobierno más restringido y pro-limitado.
Lawrence VanDyke se convirtió en el 50º nominado de Trump que ha sido confirmado en una corte federal de apelaciones el 11 de diciembre. Él servirá en el 9º Circuito de la Corte de Apelaciones, un bastión de pensamiento legal liberal, que ahora se está moviendo al centro como resultado de la afluencia de nuevos nombramientos de Trump.
Hasta ahora el Senado ha confirmado 187 nominados de Trump para los llamados tribunales del Artículo III, una categoría que abarca el Tribunal Supremo, los tribunales de apelación de EE.UU. y los tribunales de distrito de EE.UU., según la Fundación Heritage. En ese total se incluyen los dos jueces que Trump ha colocado en el Tribunal Supremo. Dos de los actuales jueces tienen más de 80 años de edad.
La edad promedio de los jueces de la corte de apelaciones de Trump es de menos de 50 años, lo que es 10 años menor que la edad promedio de los jueces de la corte de apelaciones del expresidente Barack Obama, lo que sugiere que permanecerán en el cargo por más tiempo.
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A continuación:
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