La Justicia peruana confirmó la anulación de la acusación penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de las esterilizaciones forzadas, al rechazar una apelación del Ministerio Publico, informaron medios locales este sábado.
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria confirmó en una resolución la decisión de anular el «auto de apertorio de instrucción» del caso, y deja así sin efecto lo avanzado entre 2021 y 2023.
El Poder Judicial desestima así la apelación que había interpuesto el Ministerio Público contra la resolución de primera instancia, adoptada en diciembre de 2023.
La decisión judicial fue emitida el 22 de julio, pero fue notificada recientemente y ratificó que el caso regrese a la etapa de presentación de la denuncia penal por parte de la Fiscalía.
Durante el segundo periodo de Gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Ejecutivo peruano implementó un Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que realizó esterilizaciones a más de 200,000 personas, la mayoría quechuahablantes, pobres y campesinas.
Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de a Fujimori, entre los responsables, a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.
A inicios de diciembre de 2023, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido para ampliar la denuncia por el caso de esterilizaciones forzadas, y declaró nulo el proceso que comenzó en 2021 y lo regresó a la etapa de octubre 2018.
La petición fiscal incluía más información y más víctimas que sufrieron estas intervenciones, y el rechazo a esta ampliación generó el rechazo por parte de organizaciones sociales.
Tras esta decisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado peruano a tomar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas que sufrieron esterilizaciones forzadas.
«La CIDH urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres», indicó el organismo en la red social X.
Añadió que tomó nota de la sala de la Corte Suprema de Justicia que anuló el auto de apertura de instrucción contra Alberto Fujimori y otras autoridades «por las esterilizaciones forzadas contra mujeres cometidas en contexto de graves violaciones de derechos humanos».
«Preocupa los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y acceso a la justicia de las víctimas», señaló.
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