El presidente Joe Biden dio a conocer el miércoles nuevas medidas que, según él, abordarán la violencia con armas de fuego y los delitos violentos, con la promesa de perseguir agresivamente a los traficantes de armas que infringen la ley de forma deliberada y de aumentar la financiación federal a las fuerzas de seguridad locales tras el aumento de las tasas de homicidio en el país en el último año.
El primer programa del nuevo plan de cinco puntos de la administración es «ayudar a frenar el flujo de armas a manos de los responsables de la violencia», incluyendo una orden de «tolerancia cero» para los traficantes de armas que infrinjan la ley.
Como parte de la política, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), dependiente del Departamento de Justicia, tratará de revocar las licencias de los vendedores de armas que violen la ley federal al transferir «deliberadamente» un arma de fuego a una persona que tenga prohibido poseerla, al no realizar una comprobación de antecedentes requerida, al falsificar registros como un formulario para la transacción de armas de fuego, al no responder a una solicitud de rastreo de la ATF o al negarse a permitir que la ATF realice una inspección.
«Estos mercaderes de la muerte están infringiendo la ley para obtener beneficios», dijo Biden en la Casa Blanca. «Si usted voluntariamente vende un arma a una persona que está prohibida, mi mensaje para ustedes es este: nosotros lo encontraremos y reclamaremos su licencia para vender armas. Nos aseguraremos de que no pueda vender muerte y caos en nuestras calles».
Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas el martes que la medida «será una política histórica, que se asegurará de que hagamos responsables a los vendedores de armas de todo el país que estén contribuyendo al suministro de armas para el crimen».
La ATF se coordinará con los funcionarios estatales y locales para estar mejor informados sobre qué traficantes están suministrando las armas que aparecen en las escenas del crimen, según la Casa Blanca. «Esta información puede proporcionar valiosas pistas para las investigaciones de la ATF y servir como fuente de información que ayude a centrar los recursos de inspección en los lugares que más los necesitan», de acuerdo a una hoja informativa de la Casa Blanca.
La Casa Blanca señaló que los homicidios aumentaron en un 30 por ciento y los asaltos con armas de fuego un ocho por ciento en las grandes ciudades en 2020, citando cifras de un informe (pdf) del grupo de investigación Council on Criminal Justice. El grupo dijo en su informe que, aunque hay algunas «pruebas preliminares» que apoyan la sugerencia de que el aumento de las ventas de armas puede haber contribuido al aumento de los homicidios, «se requiere más investigación».
Las siguientes cuatro medidas del plan de cinco puntos de la administración buscan en parte canalizar la financiación a las fuerzas de seguridad y a diversos trabajos que, según la administración, pueden ayudar a prevenir la delincuencia violenta: «apoyar a las fuerzas de seguridad locales con herramientas y recursos federales para ayudar a hacer frente a la delincuencia violenta en verano», «invertir en intervenciones contra la violencia en la comunidad basadas en la evidencia», ampliar » los programas de verano, las oportunidades de empleo y otros servicios y apoyos para los adolescentes y los adultos jóvenes», y «ayudar a las personas anteriormente encarceladas a reincorporarse con éxito a sus comunidades».
Los fondos se extraerían de unos 350,000 millones de dólares de financiación estatal y local, así como de 122,000 millones de dólares de financiación escolar, ambos procedentes del conjunto de medidas de ayuda COVID-19 de 1.9 billones de dólares del «Plan de Rescate Estadounidense» aprobado en marzo.
Los fondos se utilizarían entre otros programas, para contratar oficiales de policía hasta los niveles anteriores a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), invertir en tecnología para hacer más eficientes las fuerzas de seguridad e invertir en la policía comunitaria. El Departamento del Tesoro publicó el miércoles una guía sobre cómo los estados y las localidades pueden utilizar los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense para estos fines.
«Se trata de una cantidad histórica de fondos que el presidente pone a disposición de las ciudades y los estados a través del Plan de Rescate Estadounidense para que inviertan en una serie de herramientas para reducir la violencia con armas de fuego en sus comunidades y hacerlas más seguras», dijo el martes a los periodistas un alto funcionario de la Casa Blanca.
Biden indicó el miércoles que «la delincuencia aumenta históricamente durante el verano, y a medida que salimos de esta pandemia, el tradicional repunte estival puede ser incluso más pronunciado de lo que normalmente sería».
«Este no es el momento de dar la espalda a las fuerzas de seguridad», añadió.
El nuevo plan de Biden surgió un día después de que el Departamento de Justicia anunció cinco nuevas «fuerzas de ataque» para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego en las principales ciudades de Estados Unidos: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Washington D.C. y San Francisco.
Los objetivos más recientes de Biden se basan en las medidas anteriores de control de armas adoptadas en abril, cuando anunció una orden ejecutiva contra las «armas fantasma» y los adaptadores estabilizadores, e impulsó una legislación de «alerta roja» para los estados.
En respuesta a la orden de Biden, el Departamento de Justicia propuso en mayo una norma contra las «armas fantasma», es decir, armas ensambladas a partir de piezas que no llevan número de serie, lo que dificulta su rastreo. La norma exige que todos los kits de construcción de armas tengan un número de serie y que los compradores se sometan a una comprobación de antecedentes.
Christopher Stone, director de comunicaciones de la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas, dijo a The Epoch Times unos días después del anuncio de Biden en abril, que es completamente constitucional montar su propia arma de fuego en casa. «Construir sus propias armas de fuego es una tradición estadounidense anterior a la Segunda Enmienda», dijo Stone.
El Departamento de Justicia también propuso en junio una norma contra ciertos dispositivos estabilizadores que hacen que una pistola funcione como un rifle de cañón corto, y presentó un modelo de legislación de alerta roja para que los estados creen leyes que regulen las órdenes de protección contra riesgos y órdenes que permitirían a los tribunales prohibir temporalmente a las personas la posesión o el acceso a las armas de fuego. Las propuestas se enfrentan al rechazo de los defensores de la Segunda Enmienda, que dicen que ponen en peligro los derechos constitucionales de los estadounidenses.
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