La Legislatura de Texas aprobó el 28 de mayo un proyecto de ley que podría allanar el camino para que los fiscales elegidos localmente puedan ser destituidos por mala conducta si no hacen cumplir ciertas leyes.
El proyecto de ley 17 (pdf) de la Cámara de Representantes de Texas fue presentado por la senadora estatal republicana Joan Huffman a principios de este año y aprobado por el Senado este domingo por 20 votos a favor y 11 en contra, después de haber sido también aprobado por ambas cámaras legislativas en abril.
Ahora se dirige a la mesa del gobernador, Greg Abbott, para su promulgación.
En virtud de la legislación, los residentes de Texas que han vivido en un condado durante al menos seis meses pueden presentar una petición contra un fiscal acusándolo de mala conducta si el fiscal local no «procesa una clase o tipo de delito penal en virtud de la ley estatal», o si instruye a las fuerzas del orden a «negarse a detener a personas sospechosas de cometer una clase o tipo de delito en virtud de la ley estatal».
La legislación define a un fiscal como un fiscal de distrito o de condado con jurisdicción penal, y la mala conducta la define como «un comportamiento intencionado e ilegal relacionado con las funciones oficiales de un funcionario encargado de la administración de justicia o de la ejecución de la ley».
Según la legislación, una declaración pública del fiscal en la que afirme que tiene previsto adoptar o aplicar una política en la que no aplique determinadas leyes «crea una presunción rebatible de que el fiscal cometió mala conducta oficial», y significa que puede enfrentarse a un juicio de destitución por mala conducta oficial.
La legislación también suprime los «programas de diversificación» previos al juicio, que permiten el sobreseimiento condicional de los casos cuando la ley estatal lo permite.
Abortos y robos dividen a los fiscales
Cuando un fiscal es declarado culpable, un juez puede ordenar la destitución del fiscal, según el texto del proyecto de ley. Una vez destituido, Abbott puede nombrar al sucesor del fiscal hasta las próximas elecciones.
«Al recibir una petición de destitución de un fiscal (…) el juez presidente de la región judicial administrativa asignará un juez de distrito de un distrito judicial que no incluye el condado en el que se presentó la petición para llevar a cabo los procedimientos de remoción», dice el proyecto de ley.
La legislación surge después de que un grupo de abogados de Estados Unidos, entre ellos cinco de Texas, firmaran una carta abierta (pdf) en la que afirman que se negarían a procesar cualquier caso que criminalice el aborto, debido a la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe vs. Wade en junio de 2022.
Según la ley de Texas, el aborto es un delito grave, salvo en los casos en que la madre sufra una «afección física que ponga en peligro su vida» o exista «un grave riesgo de deterioro sustancial de una función corporal importante».
Algunos fiscales, entre ellos el de Dallas, John Creuzot, también han dicho que no tienen previsto presentar cargos por robos de poco monto, como los que afectan a objetos personales de menos de 750 dólares que se sustraen por «necesidad», o por delitos de primera vez relacionados con la marihuana.
«Desgraciadamente, algunos fiscales de Texas se han sumado a la tendencia de adoptar políticas internas que se niegan a perseguir determinadas leyes», declaró Huffman en una audiencia del comité celebrada en abril. «Estas acciones sientan un precedente peligroso y socavan gravemente la autoridad de la Legislatura».
Por otra parte, el representante estatal republicano David Cook, que presentó la versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley, ha dicho que la legislación es necesaria para «controlar a los fiscales de distrito deshonestos» y eliminar la política dentro del procesamiento judicial.
Demócratas se oponen a la legislación
En declaraciones a The Dallas Morning News en abril, el legislador republicano dijo HB17 «deja claro que el estado de derecho debe ser respetado y aplicado en Texas».
«Yo apoyo la discreción del fiscal y sé que es un elemento central de nuestro sistema de justicia penal», añadió Cook.
En una declaración del 19 de mayo, el Partido Republicano del Senado de Texas dijo que el proyecto de ley garantizará que los fiscales sigan la ley y «no su agenda política».
Sin embargo, los demócratas y los grupos de derechos civiles del estado han argumentado que el proyecto de ley es inconstitucional.
La representante estatal de Texas, Ana-Maria Ramos, demócrata, expresó su oposición al proyecto de ley a principios de este mes durante una audiencia sobre la legislación.
«Está muy claro lo que dicen los texanos: Ellos quieren elegir quién es su fiscal de distrito», dijo Ramos. «Lo que no quieren es que un legislador grandilocuente les diga ‘no, no vamos a permitir que tengan esta (…) voz'».
Por otra parte, la senadora estatal Sarah Eckhardt, demócrata de Austin, indicó que el proyecto de ley equivalía a una violación de la separación de poderes del estado, llamándolo «una pieza a un patrón inquietante de acaparamiento de poder de arriba hacia abajo».
«Herramientas como la discreción fiscal son fundamentales, especialmente en un estado como Texas, donde nuestros fiscales de distrito locales son elegidos directamente por el pueblo», dijo Eckhardt.
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