Los documentos judiciales revelados el lunes en el caso de documentos clasificados de Mar-a-Lago incluyen correos electrónicos entre funcionarios de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), la Casa Blanca de Biden y el Departamento de Justicia (DOJ) sobre los registros presidenciales del expresidente Donald Trump.
El tesoro de documentos no sellados también reveló que el nombre en clave de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para su investigación sobre los registros presidenciales del presidente Trump era “[tachado] Eco Plasmic”.
Una prueba clave incluida en una moción de coerción presentada en enero fue un expediente del FBI titulado “[Tachado] PLASMIC ECHO; Mal manejo de información clasificada o de defensa nacional”.
Este archivo, ahora hecho público, resume una revisión inicial a los documentos enviados por NARA al FBI el 24 de febrero de 2022. La revisión descubrió 106 documentos clasificados en 12 de 15 cajas, con un total de 767 páginas.
El año pasado, el presidente Trump se declaró inocente de 40 cargos relacionados con el supuesto mal manejo de documentos clasificados. En enero, la defensa presentó una moción para obligar al descubrimiento junto con varias pruebas selladas, que incluían correos electrónicos que contenían nombres e información de identificación sobre funcionarios del gobierno.
La defensa ha argumentado que los correos electrónicos revelados el lunes indican comunicación entre funcionarios de NARA, la administración Biden y el Departamento de Justicia con respecto a los registros del presidente Trump, alegando coordinación para atacar al expresidente desde 2021.
Un correo electrónico del abogado general de NARA al archivero nacional hablaba de la tachadura a una carta al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, sobre «registros desaparecidos de Trump». Los correos electrónicos posteriores revelaron coordinación entre NARA y la oficina del abogado de Biden en la Casa Blanca con respecto al manejo de estos registros.
El correo electrónico del 1 de septiembre de 2021 reveló que el asesor general de NARA, Gary Stern, había estado en contacto tanto con el Departamento de Justicia como con la Casa Blanca de Biden “sobre este tema”. Un correo electrónico posterior, del 30 de septiembre de 2021, revela que la oficina del abogado de la Casa Blanca “ahora está lista para programar una llamada para discutir sobre las cajas de Trump”.
Este correo electrónico llegó después de que el Sr. Stern enviara un correo electrónico al asesor adjunto de la Casa Blanca, Jonathan Su, dos días antes para “volver a consultar para ver cuándo y cómo desea proceder con respecto a la reunión con [tachado], [tachado], [tachado] y ¿NARA para discutir sobre las cajas de Trump?
Además, la defensa destacó casos en los que los funcionarios de la NARA no revelaron ciertas acciones a los representantes de Trump, lo que sugiere parcialidad en el proceso de investigación.
La defensa alegó que el Sr. Su no reveló a un representante de Trump que NARA ya había tachado una carta de remisión del DOJ cuando se puso en contacto con ellos para discutir el acceso a las notas «de la administración Trump relacionadas con el manejo de registros».
Informe sobre el calendario al Congreso con el panel del 6 de enero
Los correos electrónicos abiertos muestran que NARA tomó en consideración la investigación del Comité del 6 de enero liderada por los demócratas al considerar el momento de informar al Congreso sobre sus problemas de acceso a las publicaciones del presidente Trump en Twitter (ahora X).
El 5 de octubre de 2023, el Sr. Stern escribió en un correo electrónico interno de NARA que la publicación de una carta al Congreso «se puede programar con nuestra divulgación pública de los registros de redes sociales de Trump… así como nuestra divulgación al Comité 1/6 de los tweets que respondieron el día 6 de enero”.
El Sr. Stern señaló que NARA tuvo «problemas» para obtener los «registros de redes sociales» del presidente Trump porque la Casa Blanca de Trump no «los capturó mediante el uso de herramientas de archivo de terceros».
«No creo que estos problemas sean algo que el AG/DOJ pueda abordar, pero podría ser apropiado informarlos al Congreso, especialmente porque el Comité del 6 de enero ha solicitado específicamente los tuits de Trump del día 6 de enero», dijo el Sr. Stern en el correo electrónico.
El Sr. Stern añade que el abogado de Biden en la Casa Blanca “ahora también está consciente de este tema y me ha pedido que los mantenga informados en la medida en que hagamos alguna referencia a la Oficina de Gestión de Registros de la Casa Blanca”.
Otro correo electrónico muestra al Sr. Ferriero diciendo que se le había “agotado la paciencia” en medio de comunicaciones de ida y vuelta con representantes de Trump sobre las “casillas faltantes” que, según un borrador de correo electrónico dirigido al fiscal general, se informó que habían sido “posiblemente destruidas».
“Asuntos de dominio público”
La defensa, junto con una coalición de medios de comunicación, pidió al tribunal que revelara estas pruebas, argumentando que los expedientes judiciales son “asuntos de dominio público”.
La defensa acusó a la fiscalía de retener pruebas potencialmente exculpatorias y de presunta parcialidad en la investigación.
Los documentos hechos públicos el lunes revelaron información previamente sellada y limitaron las tachaduras a mantener en secreto los nombres de los testigos del gobierno.
Se incluyeron como pruebas en una petición para obligar a la fiscalía a presentar pruebas. En la moción del 16 de enero, argumentaron que la oficina del abogado especial Jack Smith ha incurrido en violaciones de descubrimiento y ha hecho caso omiso de la equidad fundamental en su intento de procesar al presidente Trump.
Las revelaciones se producen en medio de una prolongada batalla por los documentos judiciales. La jueza Aileen Cannon recordó a ambas partes en varios documentos judiciales la “fuerte presunción de acceso público” en el proceso penal, mostrando una preferencia por hacer público tanto [material] como sea posible. En enero, ordenó que no se sellara ningún material no clasificado a menos que existieran riesgos claros para la seguridad personal o nacional.
Las idas y venidas en torno a los documentos han ampliado la etapa de mociones previas al juicio y ha retrasado la fecha original del juicio del 20 de mayo.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con NARA y la Casa Blanca en busca de comentarios.
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