El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este domingo que buscará modificar la ley que prohíbe la remoción de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien intentó un «golpe de Estado» en su contra en 2023 para evitar su investidura.
«El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya», dijo Arévalo de León en un mensaje por cadena nacional, donde precisó que enviará una reforma de ley al Congreso para que los 160 diputados del Parlamento avalen la nueva normativa y muestren «su compromiso con la justicia y la verdad».
La decisión del mandatario pretende modificar la ley que actualmente prohíbe que el gobernante o cualquier funcionario pueda remover a la fiscal, ya que la normativa vigente señala que la única manera de que eso suceda es si quien ocupa el puesto es condenado en un proceso legal.
Arévalo de León indicó que la reforma de ley del Ministerio Público «preserva» la «autonomía» de la entidad «al mismo tiempo que asegura un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para que nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente que el pueblo y la Constitución le han confiado».
La reforma de ley será entregada en el Congreso por parte del presidente y serán los 160 diputados del Organismo Legislativo los que votarán para validar o descartar la propuesta.
Para validar la reforma, son necesarios al menos 106 votos, como establece la ley guatemalteca. El partido oficial, el Movimiento Semilla, cuenta con 23 diputados y en enero pasado logró sumar hasta 92 votos de grupos políticos aliados durante la elección de la presidencia del Parlamento.
Durante su intervención este domingo, el mandatario recordó que la fiscal Porras ha omitido docenas de investigaciones por corrupción vinculados a personajes políticos, mientras ha encarcelado y acorralado a quienes exhiben la corrupción.
«El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo», argumentó.
Porras ha estado al frente del Ministerio Público desde 2018 y junto a su cúpula se encuentran sancionados por Estados Unidos (2021) debido a que han «socavado la Justicia» en el país centroamericano, de acuerdo al gobierno que preside Joe Biden.
A la fiscal general se le atribuye, de acuerdo a varias fuentes, los intentos por evitar la investidura de Arévalo de León en enero pasado y también la persecución judicial a más de 100 personas entre fiscales, jueces y periodistas, incluido el comunicador José Rubén Zamora Marroquín, preso desde 2022.
Porras fue reelecta hace dos años por decisión del gobernante en aquel momento, Alejandro Giammattei, y su período oficial culmina en 2026.
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