El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto que permite acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación, que fue impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández.
El texto, que ya había sido aprobado por los Diputados el 11 de diciembre pasado, recibió los votos a favor de 38 senadores, 29 en contra y una abstención, tras una sesión de 12 horas y durante la que miles de personas, a favor o en contra de la ley, se concentraron a las afueras del Congreso a la espera del resultado.
El proyecto representa un fuerte cambio respecto a la situación actual -en la que solo se permite abortar legalmente si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida- y autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.
Esta es la segunda vez que un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo se debate en el Congreso argentino, después de que en 2018 un texto similar pero elaborado por una plataforma civil, lograra ser aprobado por los diputados pero no por el Senado.
Un año después, el actual mandatario, Alberto Fernández, prometió en su campaña electoral impulsar una nueva ley, con el fin principal de reducir los abortos clandestinos, que, a su juicio, arriesgan la vida de las mujeres, especialmente las que no pueden costear clínicas privadas donde, a pesar de ser ilegal, lo practican de forma segura.
Con independencia de ser legisladores del gobernante Frente de Todos; del principal grupo opositor, Juntos por el Cambio, o de otras formaciones menores, el tema del aborto ha generado voces a favor y en contra en los principales grupos políticos.
La senadora Silvia Elías de Pérez, de coalición de Juntos por el Cambio, aseveró que «no existe ningún derecho que sea más protegido en el derecho, tantos en las normativas nacionales como internacionales, que el derecho a la vida del niño».
«Desde que se engendra, es un ser humano», señaló en el mismo sentido José Mayans, jefe de bloque del frente gobernante y una de las voces en contra en su seno.
«La decadencia de un Estado es cuando ni el presidente, ni los legisladores, ni el poder judicial respetan la constitución», agregó y adelantó que se trata de una ley «inconstitucional e inaplicable», que traerá «muchos cuestionamientos judiciales».
Una vez que la ley entre en vigor, toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto, de forma gratuita, hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo en las dos causales ya permitidas hasta ahora.
Las menores de 13 años podrán hacerlo con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal, mientras que las que tengan entre 13 y 16 solo necesitarán autorización si el procedimiento compromete su salud y las mayores de 16 podrán decidir por sí solas.
La ley aboga además por la responsabilidad del Estado de implementar la ley de Educación Sexual Integral y actualiza además las penas de prisión con las que serán reprimidas las personas que causen el aborto o consientan que se lo hagan fuera del plazo y causales permitidas.
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