Argentina niega ser responsable de la presunta violación del espacio aéreo denunciada por Chile y que llevó al Ejército de ese país a desplegar una unidad de aviones de combate desde la base aérea de Punta Arenas, en el extremo sur del país, informaron este miércoles fuentes oficiales.
Según fuentes del Ministerio de Defensa argentino, la Fuerza Aérea de ese país registró como única actividad del martes 27 de agosto un vuelo LADE con el sistema Twin Otter (que permite traslados en zonas inhóspitas) entre las localidades sureñas de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz) y Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego).
Ese fue, según la cartera de Defensa, el «único vuelo ese día», sin ningún tipo de «vuelos de combate ni nada militar» y sin coincidencia con el horario expuesto por las autoridades chilenas.
Según detalló este miércoles la ministra chilena de Defensa, Maya Fernández, «ayer (martes), cerca de las 20:00 horas en el sector oriental del Estrecho de Magallanes, existió una alerta de tráfico aéreo no identificado», ante lo cual la Fuerza Aérea «activó los protocolos desplegando los aviones F-5» en resguardo de la soberanía del país transandino.
«Posterior a eso, se perdió el contacto con este tráfico aéreo y en este momento se está llevando adelante una investigación. Decir que la Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera y soberanía, como corresponde», subrayó.
El despliegue de los dos aviones F-5, según confirmó Fernández, concluyó con una supervisión de la zona, sin encontrar aeronaves ni aparato alguno.
Por su parte, consultada por la situación, la ministra chilena de Interior, Carolina Tohá, reiteró lo indicado por su par de Defensa.
«Tenemos que aclarar si fue una nave realmente, de qué tipo, puede haber sido privada, puede no haberlo sido, puede haber sido un avión, puede haber sido un helicóptero, todo eso tiene que ser parte de la investigación que se está llevando adelante», señaló.
Además, la titular de Interior afirmó que se ha establecido contacto con el Gobierno argentino mediante el embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo, para contribuir a esclarecer el fenómeno.
No obstante, el Gobierno argentino aseguró que no había recibido «ninguna queja formal», según consignó el portal Infobae.
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