La Cámara Federal de Argentina ordenó este martes 24 de septiembre la captura y comparecencia de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y alrededor de 30 subordinados por «graves violaciones a los derechos humanos».
A través de una resolución, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, se pronunciaron a favor de una propuesta presentada el 17 de septiembre por el fiscal general José Agüero Iturbe y el titular de la Fiscalía Nacional Carlos Stornelli, para emitir una orden de captura y declaración de indagatoria al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros treinta acusados, entre militares y agentes de inteligencia de ese país, que han participado en crímenes de lesa humanidad contra la población civil de su país.
La solicitud de los fiscales se basó en varias denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos que ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
Los testimonios fueron tomados a víctimas que huyeron de Venezuela y obtuvieron la condición de refugiados en Argentina, quienes “traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados —las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales—, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución —secuestros, torturas, asesinatos— a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”, dice el documento.
Los jueces consideraron que las pruebas presentadas demuestran que en Venezuela se está desarrollando un plan sistemático de represión, tortura, desaparición forzada y persecución contra la población civil, perpetuado por Nicolás Maduro y sus subordinados, por lo que son convocados a presentar indagatoria, previa orden de captura, y también se ordenó la extracción de nuevos testimonios.
Los magistrados actuaron sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar delitos graves más allá de donde sean cometidos y de la ubicación de la víctima.
El fallo de los jueces podrá aplicarse a nivel internacional en el momento en que Maduro, Cabello o cualquiera de los otros treinta acusados viajen a cualquier lugar del mundo y busca impedir que continúe la violación de derechos humanos y nuevas víctimas.
Orden de captura contra presidente de Argentina, Javier Milei, en Venezuela
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el 18 de septiembre sobre la decisión del gobierno venezolano de emitir una orden de detención contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y otros dos funcionarios de su gobierno, como respuesta al «robo» de un avión iraní detenido en Argentina desde 2022 y que fue enviado a Estados Unidos en febrero.
El fiscal del gobierno de Nicolás Maduro señaló que la orden de detención corresponde a los delitos de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir, y que en las próximas horas un tribunal venezolano emitirá las órdenes de captura oficialmente.
Además, Saab declaró que sobre la base del derecho internacional se abrió una investigación tanto a Milei como Bullrich por violar los derechos humanos al reprimir a los manifestantes en su país, principalmente jubilados y pensionados, que han protestado contra las políticas del mandatario.
Un tribunal de Venezuela emitió este lunes 23 de septiembre la orden de detención “preventiva” contra el presidente de Argentina, Javier Milei. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó a través de un comunicado que la orden de detención incluye a la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Crisis política en Venezuela
Venezuela se encuentra en medio de una crisis política que comenzó el 29 de julio, un día después de las elecciones, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera como ganador oficial a Nicolás Maduro para la presidencia de Venezuela para un tercer mandato, sin hacer públicas las actas que lo sustentaban.
Desde entonces la oposición ha negado los resultados emitidos por el CNE, asegurando que las actas electorales adquiridas por sus testigos dan como ganador al candidato presidencial Edmundo González.
El Centro Carter, invitado por el gobierno de Maduro para observar las elecciones, aseguró en un informe que «no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el CNE» debido a que se desarrolló en «un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación».
Cientos de Venezolanos han salido a las calles a protestar en contra de los resultados, lo que ha repercutido en represión, detenciones a ciudadanos, periodistas y líderes políticos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El 7 de agosto, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, entregó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el documento general de los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela que, según la entidad, respaldan el triunfo de Nicolás Maduro.
El pasado jueves 22 de agosto, el TSJ ratificó los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), reconociendo la victoria al presidente Nicolás Maduro, a pesar de no hacer públicas las actas electorales y sin que se haya detallado cómo se llevo a cabo el proceso de peritaje que el tribunal hizo sobre el material electoral.
El líder opositor presidencial arribó a España el 8 de septiembre en un avión de la fuerza aérea española, después de pedir asilo político.
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