Un juez ordenó a Arizona dar a conocer una lista de votantes registrados cuyo estatus de ciudadanía no fue verificado debido a un error de codificación en el sistema de registro del estado.
El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, se ha resistido a divulgar la lista, alegando que las personas que figuran en ella podrían sufrir acoso.
En una sentencia del 31 de octubre, el juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa, Scott A. Blaney, ordenó a Fontes que proporcione la lista a la Fundación Comunidades Fuertes de Arizona, también conocida como EZAZ.org, un grupo de vigilancia conservador que presentó una demanda de registros públicos para acceder a los datos.
James Rogers, abogado principal de America First Legal (AFL), que presentó la demanda en nombre de EZAZ.org, dijo que la demanda se trata de restaurar la transparencia y asegurarse de que los registradores del condado pueden verificar el estatus de ciudadanía de los votantes.
«Una mayoría de los arizonenses ya no confía en el sistema electoral de nuestro estado. Una de las razones es la falta de transparencia de los funcionarios electos de nuestro estado», dijo el Sr. Rogers en una declaración del 31 de octubre. «Es lamentable que el secretario Fontes se opusiera tan agresivamente a nuestros esfuerzos de sentido común para ayudar a restaurar la confianza en el sistema electoral de nuestro estado. Este fue un caso que nunca deberíamos haber necesitado presentar».
La lista, que contiene hasta 218,000 votantes, incluye a personas que no aportaron las pruebas documentales de ciudadanía al inscribirse. Los votantes afectados fueron marcados erróneamente como que habían proporcionado la documentación debido a una falla en los sistemas de datos gestionados por la División de Vehículos Motorizados (MVD) de Arizona y la oficina del secretario de Estado.
La orden refleja los esfuerzos en curso de Arizona para gestionar los requisitos de elegibilidad de los votantes introducidos por la Proposición 200, una ley aprobada en 2004 que exige una prueba de ciudadanía para los votantes que participan en las elecciones estatales y locales.
Según un comunicado de prensa de la oficina de Fontes, el error de codificación afectó a votantes de todas las afiliaciones políticas, incluidos aproximadamente 79,000 republicanos, 61,000 demócratas y 76,000 personas afiliadas a otros partidos. A pesar de que estas personas habían jurado bajo pena de perjurio que son ciudadanos estadounidenses, el fallo hizo que aparecieran erróneamente como si hubieran proporcionado documentación de ciudadanía.
El juez ordenó a Fontes que entregue la lista a EZAZ.org antes del 4 de noviembre, aunque impuso restricciones al manejo de la información. El grupo de vigilancia tiene prohibido ponerse en contacto con cualquiera de las personas que figuran en la lista hasta el 6 de noviembre, o de distribuir cualquier información de identificación personal acerca de ellos a terceros, con excepciones limitadas para los registradores del condado de Arizona, la dirección de la Legislatura, y los miembros de los Comités Electorales de la Cámara y el Senado.
En respuesta a la demanda, Fontes argumentó que la publicación de la lista podría poner a los votantes en riesgo de acoso.
Destacando la falta de pruebas específicas que respalden las preocupaciones de Fontes, el juez señaló que la ley de registros públicos de Arizona presume la divulgación, a menos que exista una clara amenaza para los intereses del Estado o la privacidad individual.
«Por lo tanto, el funcionario público que trata de evitar la divulgación de los registros públicos tiene la carga de superar la presunción que favorece la divulgación», escribió el juez, añadiendo que EZAZ.org tenía un historial de adhesión a las normas de participación pública y no había hecho mal uso de los datos sensibles de los votantes en el pasado.
La corte desestimó el testimonio experto del profesor Robert Pape de la Universidad de Chicago sobre amenazas relacionadas con las elecciones por considerarlo especulativo y excesivamente generalizado.
«La credibilidad del testimonio y del informe del profesor Pape se vio aún más mermada por lo que parecía ser un sesgo político gratuito en su informe y en su testimonio», escribió el juez en la orden.
Un portavoz de la oficina de Fontes dijo a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico que «estamos revisando la decisión y sopesando nuestras opciones», en respuesta a una petición de comentarios sobre la sentencia.
Anteriormente, la oficina de Fontes declaró que los votantes afectados siguen siendo elegibles para votar en todas las contiendas -federales, estatales y locales- para las elecciones generales de 2024.
La Corte Suprema de Arizona también se negó a restringir el estatus de voto de estas personas a las boletas federales en su decisión del 20 de septiembre, apoyando la orientación de Fontes de que deberían conservar la elegibilidad de voto completo para esta elección.
La base de datos de registro de votantes de Arizona ya ha marcado correctamente a las personas afectadas como necesitadas de prueba de ciudadanía y los funcionarios electorales se pondrán en contacto con ellos en relación con su situación después de las elecciones del 5 de noviembre, «si es necesario», dijo la oficina de Fontes en una declaración del 30 de septiembre.
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