Arizona siguió adelante levantando un muro a lo largo de la frontera entre Arizona y México usando contenedores marítimos, en un esfuerzo por cerrar las brechas, pese a los intentos del gobierno de Joe Biden de impedir las labores del estado.
El gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, anunció el lunes en Twitter que el estado sigue adelante con el proyecto, cuyo costo se estima en 95 millones de dólares.
«El viernes nos comprometimos a seguir adelante con nuestra misión de la barrera fronteriza, sin inmutarnos por los intentos de la administración Biden de revertir nuestro progreso. Hoy seguimos cumpliendo nuestra promesa de añadir barreras físicas en la frontera donde sea posible», escribió Ducey.
La barrera fronteriza se erigirá a lo largo de un tramo de 10 millas de tierra en el condado de Cochise, donde actualmente no hay ningún muro fronterizo. Ducey dijo que se necesitarán aproximadamente 2770 contenedores para rellenar los huecos a través de un «terreno extremadamente accidentado», pero que el estado está «decidido a rellenar el hueco-literalmente».
Ducey apuntó a las fallidas políticas fronterizas de Biden que, según muchos expertos y legisladores republicanos, han provocado un aumento de los inmigrantes ilegales que intentan entrar en Estados Unidos.
Crisis de seguridad pública
«La crisis fronteriza y de seguridad pública no resuelta causada por la administración Biden continúa —en Arizona, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados cuando nuestros ciudadanos más nos necesitan», escribió Ducey. «Arizona no tiene miedo a un desafío. No nos echaremos para atrás. Nosotros protegeremos a nuestro estado».
La «Misión de la Barrera Fronteriza» de Ducey se produjo a pesar de un enfrentamiento en curso con la administración Biden en relación con la negativa de Arizona a retirar más de un centenar de contenedores de transporte en doble pila que colocó a lo largo de la frontera en el condado de Yuma, incluyendo 80 contenedores reforzados con alambre que se colocaron en tierras de la oficina y 42 en tierras de la tribu indígena Cocopah.
En una carta dirigida al director de Seguridad Nacional de Arizona, Tim Roemer, y al director de la División de Gestión de Emergencias de Arizona, Allen Clark, el 13 de octubre, el Departamento del Interior de EE. UU. afirmó que los 122 contenedores que se encontraban en sus tierras constituían una violación de la legislación estadounidense, ya que estaban «perjudicando a las tierras federales» y estaban «impidiendo la capacidad de reclamación para llevar a cabo su misión».
La carta también afirmaba que Arizona no debía colocar ningún nuevo contenedor a lo largo de la frontera porque la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. había recibido un contrato para cerrar dos huecos en la barrera fronteriza cerca de la presa de Morelos, en Yuma, que es la zona de paso fronterizo ilegal más transitada de Arizona.
Sin embargo, en una carta de respuesta del 18 de octubre, el director de emergencias, Clark, negó esas afirmaciones y se negó a retirar los contenedores mientras el estado lucha contra la afluencia de extranjeros ilegales.
Crisis criminal y humanitaria
«La miríada de agencias federales que reclaman jurisdicción en la frontera sur, pero que no hacen nada para prevenir las molestias públicas causadas por la inmigración ilegal y la actividad criminal que explota la frontera abierta, es bastante frustrante», escribió Clark en la carta.
«Su carta afirma incorrectamente que Arizona ha traspasado a Estados Unidos», continuó. «El Estado de Arizona se compromete a trabajar con todos nuestros socios federales, incluyendo el BOR, para garantizar la seguridad de nuestro estado y la protección de las tierras públicas y privadas (…) Sin embargo, hasta la fecha, Arizona no ha visto ninguna acción por parte del gobierno federal para hacerlo y, por lo tanto, está obligado a tomar su propia acción».
El gobernador Ducey presentó el viernes una demanda (pdf) ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Arizona en la que pide que el tribunal afirme el derecho del estado a defenderse, citando una «crisis sin precedentes» que ha surgido en Arizona y «que es creación del gobierno federal».
La demanda pide que la corte conceda que el estado tiene la «autoridad constitucional para tomar medidas temporales inmediatas para frenar el peligro inminente de crisis criminal y humanitaria relacionada con la frontera de Arizona».
«Innumerables migrantes están cruzando ilegalmente zonas no seguras de la frontera», afirma la demanda. «El resultado es una mezcla de drogas, delincuencia y problemas humanitarios que el Estado nunca ha experimentado en una magnitud tan significativa, dando como resultado que el Estado soporte la carga de la inacción del gobierno federal».
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