Una anciana de casi 80 años de edad, que en julio pasado pidió el cese de las muertes en las protestas de Nicaragua, fue arrestada hoy por la Policía Nacional, cuando pretendía participar en una manifestación contra el presidente Daniel Ortega.
Miriam del Socorro Matus, conocida como «La Coquito», fue arrestada por un grupo de policías y antimotines armados con escopetas, en las inmediaciones del mercado Iván Montenegro, en el este de Managua, denunciaron testigos, quienes colgaron el vídeo en internet.
Inmediatamente los comentarios de personas expresando su indignación saltaron en las redes sociales.
«La Coquito», de 78 años, fue capturada junto con otras dos mujeres, una de ellas vestida con un traje típico azul y blanco, en alegoría a la bandera de Nicaragua, para protestar por medio de un baile folclórico, según dijo ella misma a un periodista local, justo antes del arresto.
Los oficiales no explicaron las razones de la detención, sin embargo, el viernes pasado la Policía Nacional calificó de «ilegales» las manifestaciones contra Ortega, y advirtió que arrestaría a quien las convocara.
Organismos defensores de derechos humanos han insistido en que la Constitución de Nicaragua establece que las protestas son legítimas y no necesitan permiso de las autoridades.
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por «más de 300 muertos», así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones humanitarias elevan hasta en 512 el número de víctimas mortales, mientras Ortega reconoce menos de 200.
«La Coquito» se hizo popular en mayo pasado cuando, a pesar de ser una anciana que gana menos de dos dólares por día vendiendo agua y galletas en la calle, decidió regalar su venta a un grupo de manifestantes que no tenían dinero para comprar.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron en abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
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