Una cubana residente de Florida fue detenida el pasado viernes tras ser acusada de participar en un naufragio vinculado con el tráfico de personas en el que murieron 16 migrantes que intentaban desplazarse desde la isla caribeña hasta la costa de Florida.
Yaqulelin Domínguez-Nieves, de 26 años, residente de Sebring, fue detenida por el Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS) y se encuentra en espera de un juicio tras ser acusada de diez cargos relacionados con una empresa que facilitó la operación de un naufragio desde las costas de Cuba hacia Florida donde fallecieron 16 personas, incluidos niños, en noviembre de 2022.
«Las empresas de tráfico de personas ponen en riesgo la vida de las personas en aras de obtener ganancias», dijo Markenzy Lapointe, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, en un comunicado de prensa.
“Los traficantes de personas se aprovechan de las esperanzas de los inmigrantes de tener una vida mejor. Trágicamente, las hazañas de los contrabandistas representan un grave peligro para los migrantes. Los miembros de la Fiscalía de los Estados Unidos seguiremos trabajando con nuestros socios para procesar a quienes lleven a cabo operaciones ilícitas de tráfico de personas para proteger a los migrantes vulnerables y salvar vidas”.
Según la información presentada en una audiencia de detención, el bote en el que se desplazaba el grupo de migrantes cubanos se hundió a 30 millas de la costa de Cuba y que, según un sobreviviente, estaba sobrecargado y no contenía ni un solo chaleco salvavidas.
«La acusación y el arresto de Yaqulelin Domínguez-Nieves subrayan nuestra inquebrantable dedicación para proteger a las personas de los peligros de las operaciones de contrabando ilegal. Estas actividades criminales no solo violan ley federal, también ponen en peligro vidas humanas», dijo el agente especial a cargo Matthew J. Margelot de la oficina de campo sureste del Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS), en el comunicado.
La Fiscalía no mencionó la fecha de la detención ni la relación de Domínguez con la empresa implicada, pero sí aclaró que la empresa y la joven tenían como objetivo «obtener ganancias comerciales» del tráfico de las víctimas.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia después de considerar las pruebas de las acusaciones y los factores legales de EE.UU.
Si se le declara culpable, Domínguez podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o pena de muerte.
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