Tres administradores de una iglesia filipina en Los Ángeles, Estados Unidos, fueron arrestados como parte de una investigación vinculada al tráfico de personas, por una millonaria recaudación de fondos fraudulentos a lo largo de Estados Unidos.
Las autoridades federales arrestaron la mañana del 29 de enero a tres altos administradores de la iglesia con sede en Filipinas llamada El Reino de Jesucristo – El Nombre Sobre Todos los Nombres (KOJC), quienes además de recaudar fondos bajo el esquema de fraude, “arreglaron matrimonios falsos y otros mecanismos ilegales para mantener a trabajadores en el país”, informó la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en el Distrito Central de California.
«Los registros del KOJC muestran que sus cuentas recibieron aproximadamente 20 millones de dólares en depósitos en efectivo desde 2014 hasta mediados de 2019 (…) [y] la mayoría de estos fondos parecen proceder de la solicitación en la calle», según la declaración jurada, en la que se señala que «poco o ningún dinero solicitado parece beneficiar a los niños empobrecidos o necesitados», según destaca el documento.
En una denuncia penal federal se alega que obtuvieron visas para que los trabajadores miembros de la iglesia entraran a Estados Unidos alegando, por ejemplo, que actuarían en eventos musicales. «Pero, una vez que los miembros de la iglesia llegaban a Estados Unidos, se les exigía que entregaran sus pasaportes y trabajaran largas horas como «FTW» (trabajadores a tiempo completo, a quienes también se llamaban «trabajadores milagrosos»), y solicitaban donaciones para una iglesia sin ánimo de lucro llamada Children’s Joy Foundation USA (CJF)”.
A los trabajadores y los donantes se les decía que el dinero beneficiaría a los niños pobres de Filipinas, sin embargo “la mayor parte o la totalidad del dinero recaudado se utilizó para financiar las operaciones de la CJF y el fastuoso estilo de vida del líder de la iglesia”.
Los detenidos son Guia Cabactulan, de 59 años, el principal funcionario del KOJC en Estados Unidos, y Marissa Duenas, de 41 años, que presuntamente manejaba los documentos de inmigración fraudulentos para los trabajadores y aseguraba los pasaportes inmediatamente después de que los trabajadores entraban a Estados Unidos. Ambos fueron arrestados ayer en un complejo perteneciente al KOJC en Van Nuys, donde vivían.
La tercera persona fue detenida en Virgina y es Amanda Estopare, de 48 años, quien supuestamente manejó los aspectos financieros de la empresa KOJC, incluyendo la aplicación de cuotas de recaudación de fondos para los trabajadores.
Los agentes federales ejecutaron órdenes de registro en el complejo del KOJC en Van Nuys, una oficina en Glendale y otros tres lugares en el área de Los Ángeles. También se realizaron búsquedas en dos lugares vinculados al KOJC en Hawai.
“Los agentes se desplegaron por todo Estados Unidos para entrevistar a los testigos como parte de una investigación más amplia de la organización”, escribió el portavoz Thom Mrozek, en el informe.
En los últimos 20 años, según los registros de inmigración resumidos en la declaración jurada presentada por la fiscalía, hubo 82 matrimonios organizados en los que participaron administradores del KOJC y los trabajadores.
En la declaración jurada se alega que el KOJC presuntamente estableció cuotas diarias de solicitud de dinero en efectivo para los trabajadores filipinos, y si esas cuotas no se cumplían, los trabajadores sufrían abusos, según las víctimas que huyeron y proporcionaron información al FBI.
Algunas de las víctimas describieron a la agencia que fueron enviadas a través de todo Estados Unidos para solicitar donaciones.
Declararon “haber trabajado largas horas para alcanzar sus cuotas diarias, haber recibido poca o ninguna paga por sus esfuerzos y haber participado en el envío de grandes sumas de dinero en efectivo a Filipinas en vuelos comerciales y privados”, dijo Mrozek.
La oficina del Fiscal destaca que el cargo de conspiración para cometer fraude en materia de inmigración «lleva aparejada una pena máxima legal de cinco años de prisión federal”.
El FBI estableció un número de teléfono gratuito para que las víctimas potenciales o cualquier persona que tenga información sobre las actividades del KOJC pueda proporcionar información. La línea de información es 1-800-CALL.
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