El exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Transportación Marítima (ATM) Jorge Droz fue arrestado este martes por presuntamente participar en un esquema de fraude, informaron las autoridades federales de la isla.
Tras el arresto, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, indicó que Droz actualmente es funcionario del Departamento de Transportación y Obras Púbicas, y que por lo surgido hoy, «quedará inmediatamente fuera de cualquier posición» en su Administración.
«Aunque lo que las autoridades federales le imputan hoy no tiene que ver con su función en el Gobierno, estamos actuando de manera inmediata ante la situación que se le imputa por las autoridades federales», afirmó Pierluisi en un comunicado de prensa.
Droz es acusado por un gran jurado federal por hacer falsa representación material (declaración falsa) desde mayo de 2019 hasta agosto de 2021 para defraudar a sus acreedores, como parte de un proceso de quiebra, explicó en un comunicado de prensa el jefe de la Fiscalía federal de San Juan, W. Stephen Muldrow.
Según el pliego acusatorio, está acusado también de nueve cargos por esconder activos durante el procedimiento de quiebra y enfrenta otras ocho imputaciones por hacer declaraciones falsas en relación al mismo proceso.
Además, que tras acogerse a la protección de la Ley de Quiebra federal, escondió activos e ingresos usando la cuenta que estaba a nombre de un hijo, que no se identificó.
La acusación señala además que Droz declaró bajo juramento que su madre estaba en un hogar de ancianos y que él suministró planillas de impuestos de Puerto Rico para decir que ella era dependiente entre 2015, 2016, 2017 y 2018.
Sin embargo, ella había fallecido en 2011.
De resultar culpable, podría recibir una sentencia de 5 años de prisión por cada cargo, además de una multa de 250,000 dólares y 3 años de libertad supervisada.
Por su parte, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, dijo que Droz ejerció como director de la ATM hasta marzo de 2022, y actualmente se estuvo desempeñando como supervisor de las plantas físicas de las Regionales.
«De acuerdo con la política pública del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, cualquier persona que incurra en un acto ilegal debe enfrentar las consecuencias que ello conlleve», indicó.
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