La Cancillería de Guatemala confirmó este viernes el arribo al país de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitada por el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei para recabar información sobre la crisis política en la que está inmersa la nación centroamericana.
El representante de la OEA, nombrado por el secretario general de la entidad internacional, Luis Almagro, es el argentino Fulvio Pompeo, exdiputado de su país, quien comanda la delegación.
Según la directora de comunicación social de la Cancillería, Patricia Letona, Pompeo llegó a país a las 13.11 hora local (19.11 GMT) y fue recibido por personal de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
El Gobierno guatemalteco señaló en una nota de prensa el día antes de la llegada del enviado de Almagro que la misión extranjera «tendrá el propósito de recibir información de las instituciones del Estado y demás instancias del país».
La agenda de la misión de la OEA no se ha divulgado hasta el momento.
La decisión por parte de la OEA de enviar una misión a Guatemala llega después de que el presidente Giammattei solicitara su auxilio el domingo pasado, cuando invocó «la Carta Democrática Interamericana» ante «los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días» en el país, según un comunicado divulgado ese día.
Giammattei solicitó la intervención internacional tras los acontecimientos del sábado cuando cientos de manifestantes encapuchados quemaron parcialmente las instalaciones del Congreso y otros 10,000 se manifestaron en su contra frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo.
Las protestas nacieron luego de que el Congreso, donde Giammattei tiene mayoría, aprobara el miércoles 18 de noviembre un polémico presupuesto, avalado de madrugada y de manera «opaca» según diputados de oposición.
Sin el vicepresidente
La misión de la OEA ha generado oposición previo a su arribo al país centroamericano, en la figura del propio vicepresidente, Guillermo Castillo, del Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y de organizaciones de la sociedad civil.
«Califiqué de precipitada la decisión de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El enviado especial me solicitó audiencia. Declino mi participación. Le recomiendo reunirse con distintos sectores de la sociedad guatemalteca que seguro tendrán mucho que comentarle», pronunció Castillo este jueves en sus redes sociales.
Rigoberta Menchú, por su parte, subrayó mediante sus canales de comunicación que «resulta extraño y fuera de contexto la acción del presidente en invocar la Carta Democrática Interamericana, debido a que, a la luz de las condiciones excepcionales que requiere aplicar este instrumento de derecho internacional, ninguna de las causales y consecuencias políticas y jurídicas recurrentes en la presente crisis lo ameritan».
La líder indígena esgrimió que Guatemala «necesita de una profunda reforma de sus instituciones públicas, necesita de una profunda reforma de su Constitución, en la que estemos representados todos los sectores y pueblos».
Además, decenas de organizaciones sociales aglutinadas en la llamada Alianza por las Reformas, entre las que está el Bufete Jurídico de Derechos Humanos o la Comisión Internacional de Juristas o la internacional Impunity Watch, denunciaron que en Guatemala, contrario a lo dicho por Giammattei, «se está viviendo una situación de violencia por parte del Estado».
La alianza añadió que «la población no quiere tomar el poder por la fuerza», como se ha dicho desde distintas esferas aliadas al Gobierno, sino que «lo único que anhela es que se respeten sus derechos, que se detenga la corrupción y criminalidad incrustada en los tres poderes del Estado».
La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico aprobado en 2001 que busca preservar «la institucionalidad democrática» en el continente mediante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En su artículo 20, la carta establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la entidad cuando en un país miembro «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
En tal caso, la OEA analiza si hay «alteración» del orden público y a partir de ese momento puede realizar distintas gestiones diplomáticas en busca del diálogo y la conservación de la democracia. De fracasar las gestiones, la entidad regional entonces puede decidir suspender a un miembro o tomar otras medidas.
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