La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes la quinta prórroga del régimen de excepción, vigente desde finales de marzo tras una escalada de los homicidios, tras conocerse que las detenciones de supuestos pandilleros llegaron a 50.000.
Esta quinta prórroga fue aprobada con 66 votos de los 84 diputados que forman el órgano Legislativo, dominado principalmente por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), y con el rechazo de los partidos en oposición.
De acuerdo con el decreto aprobado, este régimen ha permitido «la reducción altamente significativa de las tasas de criminalidad en el país» y lo ha «convertido así en uno a la vanguardia en la reducción de este flagelo».
Al igual que en las anteriores ampliaciones, los legisladores prorrogaron estos poderes especiales al Ejecutivo pocas horas después de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara la solicitud de ampliación del Consejo de Ministros y sin un estudio previo.
La Constitución salvadoreña indica que la prórroga de la suspensión de la libertad de asociación, reunión y defensa, además de la inviolabilidad de la correspondencia, no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración.
«Suspender la aplicación de las medidas extraordinarias derivadas de dicho régimen implicaría un grave retroceso en los avances alcanzados, propiciando la oportunidad para que los grupos terroristas lleguen a reorganizarse, generando nuevamente condiciones de inseguridad para la población», reza el decreto.
Este martes, la Presidencia informó en su cuenta de Twitter de que 50.000 «terroristas» han sido capturados bajo el régimen de excepción, que el Gobierno ha denominado «guerra contra las pandillas».
Un grupo de familiares de personas detenidas protestó hoy y pidieron que la medida no sea ampliada por 30 días más, además exigieron la liberación de sus parientes arrestados, según ellos, arbitrariamente.
Diversas organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales han recabado miles de denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, las que la Procuraduría General de la República (PDDH), encabezada por Apolonio Tobar, cuestiona.
El Estado salvadoreño reconoció en un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que se registra la muerte de personas detenidas, sin precisar la cifra.
Informes de la prensa local y de organizaciones civiles señalan que son al menos 69 las personas muertas en custodia estatal.
La cifra de detenidos es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen.
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