CIUDAD DE MÉXICO— El alcalde de la capital del estado de Guerrero, al sur de México, fue asesinado apenas una semana después de que asumió el cargo, informaron las autoridades el domingo.
Alejandro Arcos tomó posesión el pasado lunes como alcalde de Chilpancingo, una ciudad tan violenta, que en 2023, una banda de narcotraficantes organizó abiertamente una manifestación, secuestró un vehículo blindado del gobierno y tomó como rehenes a policías para lograr la liberación de sospechosos detenidos.
Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, donde también se encuentra Acapulco.
La fiscalía de Guerrero emitió una declaración el domingo confirmando que el Sr. Arcos había sido asesinado, pero no dio más detalles.
Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó el asesinato del Sr. Arcos y dijo que la recién instalada secretaria del ayuntamiento también había sido asesinada tres días antes.
«Llevaban menos de una semana en el cargo», escribió Moreno en sus cuentas de redes sociales. «Eran servidores públicos jóvenes y honestos que buscaban el progreso de su comunidad».
Chilpancingo ha sido durante mucho tiempo el escenario de sangrientas batallas territoriales entre dos bandas de narcotraficantes, los Ardillos y los Tlacos. La batalla ha dado lugar a docenas de horribles asesinatos y algunos escándalos de alto perfil.
Una alcaldesa anterior fue grabada en vídeo celebrando una reunión con los líderes de una de las bandas en un restaurante. Posteriormente, ella fue expulsada de su partido.
En julio de 2023, las autoridades federales afirmaron que una manifestación celebrada ese mes por cientos de personas en Chilpancingo había sido organizada por la banda de los Ardillos, para conseguir la liberación de dos líderes de la banda detenidos por posesión de drogas y armas.
Los manifestantes bloquearon el tráfico en la autopista entre Ciudad de México y Acapulco durante dos días, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y se apoderaron de un camión blindado de la policía, que utilizaron para derribar las puertas del edificio de la legislatura estatal.
Los manifestantes secuestraron a 10 miembros de la policía estatal y de la Guardia Nacional, así como a tres funcionarios estatales y federales, y los retuvieron como rehenes para hacer cumplir sus demandas antes de liberarlos.
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