El asesinato de la española Pilar Garrido en México parece sacado de una novela negra. A un año del crimen, el acusado y la fiscalía defienden dos narrativas totalmente opuestas y la familia, convencida de su inocencia, cierra filas con el marido.
En el caso, repleto de incógnitas, hay dos hechos indiscutibles: la desaparición y el cadáver.
Garrido, de 34 años, desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en un auto por una carretera del nororiente de Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país, y zona de secuestros.
La pareja, juntos desde hacía más de una década, regresaba a Ciudad Victoria tras pasar unos días en la playa, cuando su aparente felicidad se sesgó por completo.
Según el esposo de Garrido, Jorge Fernández, fueron interceptados por dos hombres armados en una carretera, quienes se llevaron a la mujer.
Cerca del lugar donde fue vista con vida por última vez, el 26 de julio del pasado año se encontraron restos óseos y jirones de ropa, y quince días después las pruebas de ADN identificaron a la valenciana.
El 29 de agosto el caso dio un vuelco cuando la fiscalía de Tamaulipas detuvo a Jorge Fernández acusado del asesinato de su esposa.
Desde entonces, el choque de opiniones y el escándalo entre las partes ha ido aumentando, incluso la familia de Garrido defiende la inocencia de su yerno.
«La familia de España y nosotros seguimos unidos. Seguimos creyendo en la inocencia de Jorge, pensando que es inocente y creyendo firmemente en que (Pilar) fue secuestrada», dijo a Efe Jorge Fernández Villarreal, padre del imputado.
El marido denunció el caso horas después del suceso, se elaboró un retrato robot de un presunto secuestrador y desde el principio, al no haber petición de rescate, el caso se clasificó como «persona no localizada».
Supuestas filtraciones apuntaban al hallazgo de sangre en el vehículo de la pareja, aunque las pruebas dieron finalmente negativo.
No obstante, la Fiscalía de Tamaulipas, que lleva el caso, ve indicios que apuntan hacia el marido, acusado de feminicidio, con penas máximas de 50 años, por golpear y estrangular a su mujer.
«Tenemos una investigación fuerte, sustentada en pruebas periciales, científicas y tecnológicas. Pues se encontraron todos los elementos para presumir la probable responsabilidad del marido», explicó a Efe el vocero de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez.
De acuerdo con la defensa de Fernández, la Fiscalía de Tamaulipas considera sospechoso que el esposo, criminólogo de profesión, tardará más de lo habitual para llegar a Ciudad Victoria, así como la primera declaración que dio.
«Mantenemos la tesis de que Jorge Fernández es inocente. No hay una sola prueba que indique que él es autor de la muerte de María Pilar Garrido», aseveró a Efe, contundente, el abogado del acusado, Martín Lozano.
Según Lozano, la Fiscalía de Tamaulipas no tiene elementos fuertes contra Fernández, y es por ello que el juicio se ha pospuesto a lo largo de meses, porque las autoridades han reclamado más tiempo para obtener más pruebas.
Luego de una apelación, agregó, la fiscalía logró que se aceptaran unos diez testigos. «Pero de 100 pruebas, 40 quedaron fuera», agregó el letrado, que reiteró que los peritos forenses ni tan siquiera determinaron la «causa de la muerte».
No obstante, para el portavoz de Seguridad tamaulipeco, el retraso en el juicio se debe a que la Fiscalía quiere llevar el caso con solidez, sin que ello signifique que tengan pruebas frágiles.
Temeroso de que se puedan fabricar pruebas, el padre del acusado considera que esta es una lucha «contra un sistema que se equivocó» y aseguró se presentarán evidencias que demuestran la inocencia de su hijo.
Información reveladora que, según adelantaron a Efe, probaría incluso que Garrido siguió con vida varios días, o que se usó su teléfono móvil horas después del suceso, cerca del lugar de los hechos.
El enorme alboroto que causó el crimen en España y en México también enfrenta ambas partes en esta historia que parece avanzar en caminos paralelos.
«Buscan poder cerrar un caso mediático y acabar con la presión del Gobierno de España», aseguró Fernández padre.
Al contrario, para el vocero de Seguridad de Tamaulipas, entre España y México hubo «total colaboración» y transparencia en la información proporcionada, lo que llego a ser «muy útil» para la investigación.
El próximo 30 de agosto está previsto el inicio del juicio. «Es una pesadilla», sostuvo el padre del imputado, que lleva casi un año en prisión preventiva.
Entretanto, hay dos familias rotas, un crimen por resolver, un encarcelado en espera de juicio, un bebé de dos años sin padres y la credibilidad de la justicia en la cuerda floja.
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