La jueza de Florida Aileen Cannon, que desestimó el caso de los documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump, está lista para supervisar la acusación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra Ryan Routh, el hombre acusado de planear el intento de asesinato del expresidente.
Los documentos judiciales muestran que la imputación del DOJ del 24 de septiembre enumera a Cannon junto con el juez magistrado Ryon McCabe en el Distrito Sur de Florida, la jurisdicción tanto de Mar-a-Lago como del club de golf de Trump en Palm Beach, donde se identificó a Routh.
Cannon fue asignada al caso al azar.
Su participación probablemente atraerá más atención a un caso ya de alto perfil, ya que la jueza nombrada por Trump se ha convertido en un pararrayos para la crítica de los medios en sus continuas batallas legales.
Mientras que algunos elogiaron su decisión de desestimar el caso de los documentos clasificados, otros la criticaron, así como el ritmo con el que llevó a cabo el proceso previo al juicio.
La desestimación por Cannon del caso de los documentos de Mar-a-Lago se basó en su conclusión de que el abogado especial Jack Smith fue nombrado inconstitucionalmente.
El argumento se espera que surja en el caso de interferencia electoral federal de Trump en Washington, así como una apelación de Smith en la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 11º Circuito.
Routh, de 58 años, ha sido acusado de intento de asesinato, junto con otros cargos como agredir a un agente del Servicio Secreto.
Se enfrenta a una posible cadena perpetua, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Los documentos judiciales afirman que Routh había dejado una caja en la residencia de un civil hace varios meses, dentro de la cual había una carta con el mensaje: «Esto fue un intento de asesinato contra Donald Trump pero siento mucho haberte fallado».
En una orden de detención en espera de juicio, McCabe dijo que «el peso de las pruebas contra el acusado es fuerte».
Routh, decía la orden, «tiene un largo historial criminal con más de cien arrestos, incluyendo condenas por múltiples cargos de armas y una condena por posesión de un arma de destrucción masiva».
Trump ha puesto en duda la capacidad del DOJ para procesar a Routh, sugiriendo un conflicto de intereses con otros casos en los que está procesando a Trump.
«Si el DOJ y el FBI no pueden hacer su trabajo honestamente y sin prejuicios, y responsabilizar al aspirante a asesino con todo el peso de la ley, el gobernador Ron DeSantis y el estado de Florida ya han acordado tomar la iniciativa en la investigación y el enjuiciamiento», escribió Trump en un comunicado el 23 de septiembre.
DeSantis ha dicho que las fuerzas de seguridad del estado están investigando el intento de asesinato, mientras que la fiscal general de Florida, Ashley Moody, ha instado a la cooperación del FBI y del Departamento de Justicia.
En una carta enviada el 23 de septiembre al FBI y a Markenzy Lapointe, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Moody expresó su preocupación porque ambas entidades habían planteado la posibilidad de hacer valer la jurisdicción federal para anular los esfuerzos estatales en la investigación del intento de asesinato.
Al fiscal general Merrick Garland se le preguntó por los comentarios de Trump durante una rueda de prensa no relacionada en la que se anunció la demanda antimonopolio del DOJ contra Visa el 24 de septiembre.
Garland no respondió directamente a las críticas de Trump, pero dijo que el DOJ estaba trabajando para rendir cuentas.
«Como dije inmediatamente después del suceso, el Departamento de Justicia no escatimaría recursos para garantizar la rendición de cuentas en este asunto. Desde entonces, nuestros fiscales y agentes (…) han estado trabajando sin descanso para descubrir las pruebas necesarias y garantizar la rendición de cuentas», dijo Garland.
Cuando se le preguntó por las fuerzas policiales de Florida, dijo: «Siempre tratamos de cooperar y obtener ayuda de las fuerzas policiales estatales y locales en la medida en que sea compatible con la ley y apropiado con respecto a las investigaciones».
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