La Asociación Nacional de Policía (NPA) afirmó este jueves que celebra la «transparencia» de la medida del Departamento de Justicia de exigir a sus oficiales federales que lleven y activen las cámaras corporales mientras ejecutan órdenes de búsqueda y captura previamente planificadas.
La sargento Betsy Brantner Smith, portavoz de la NPA y actual instructora de las fuerzas de seguridad, dijo a The Epoch Times que la organización sin ánimo de lucro cree que el nuevo requisito mejorará tanto la seguridad de los oficiales federales a través de la revisión de las imágenes y también conducirá en general a una mayor confianza en las fuerzas de seguridad federales.
«Muchos oficiales federales, especialmente cuando trabajan con agencias de policía locales en iniciativas de grupos de trabajo multiinstitucionales, se ven envueltos en situaciones increíblemente peligrosas y el público estadounidense debería poder ver de primera mano los riesgos que corren estos valientes oficiales», dijo Brantner Smith, una veterana de la policía con 29 años de experiencia, en una declaración enviada por correo electrónico.
Brantner Smith citó las muertes de los agentes especiales del FBI, Laura Schwartzenberger y Daniel Alfin, ocurridas el 2 de febrero en Sunrise (Florida), como casos en los que la revisión de las imágenes de las cámaras corporales podría haberse utilizado para mejorar la seguridad de los agentes federales. Ambos murieron en actos de servicio mientras cumplían una orden de registro federal en una investigación sobre delitos contra menores.
«La dirección de las fuerzas de seguridad federales, incluido, y tal vez especialmente, el Departamento de Justicia, debería ser un modelo de política sólida en lo que respecta al uso y la difusión de las filmaciones de las cámaras corporales», dijo Brantner Smith. «Las fuerzas de seguridad federales tienen la oportunidad de liderar la rápida divulgación de las filmaciones de la BWC en todos los casos de uso de la fuerza policíal federal».
La portavoz de la NPA también sugirió que si las cámaras corporales hubieran estado en uso durante la irrupción del 6 de enero en el edificio del Capitolio de Estados Unidos, «sin duda habría más claridad sobre la muerte de Ashli Babbitt, lo que llevaría a una mayor confianza en las fuerzas de seguridad federales en general».
Babbitt, una veterana de la Fuerzas Aérea, estando desarmada fue abatida mortalmente por un oficial de la Policía del Capitolio de Estados Unidos cuando, al parecer, trató de entrar por una ventana rota en el vestíbulo del presidente de la Cámara de Representantes, una sala adyacente a la Cámara.
La exigencia del Departamento de Justicia supone un cambio en la normativa que desde hace tiempo prohíbe a los agentes federales llevar cámaras corporales. La vicefiscal general, Lisa Monaco, dijo en un memorándum (pdf) que la decisión se «basó en las recomendaciones de los integrantes de las fuerzas de seguridad del Departamento».
Anteriormente, en octubre de 2020, bajo la administración de Trump, el DOJ anunció que permitiría, aunque no obligaría, a los oficiales estatales y locales en los grupos de trabajo federales a usar cámaras corporales. La política siguió prohibiendo que las cámaras se activaran en múltiples escenarios, incluso en investigaciones delicadas y los agentes federales siguieron manteniendo bloqueado el uso de las cámaras corporales.
Antes de eso, la policía estatal y local estaba obligada a apagar sus cámaras mientras trabajaba en grupos de trabajo federales.
El llamado para que los agentes lleven y activen las cámaras corporales se intensificó en los últimos meses, sobre todo tras la participación de oficiales de la policía en las muertes de George Floyd y Breonna Taylor.
Por su parte la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sostiene que, si bien las cámaras corporales de la policía tienen el potencial de servir como herramienta de supervisión policial para reducir cualquier caso de abuso por parte de los oficiales y aumentar la confianza de la comunidad en las fuerzas policiales en su conjunto, deben desplegarse con buenas políticas para garantizar que cumplan esos objetivos.
«Sin buenas políticas, corren el riesgo de convertirse en un dispositivo más de vigilancia policial, con un potencial muy real de invadir la privacidad», indicó la ACLU. «Son especialmente importantes las políticas que regulan cuándo se encienden las cámaras y quién tiene acceso a las filmaciones y en qué condiciones».
Mónaco ordenó a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, a la Administración para el Control de Drogas, al FBI y al Servicio de Alguaciles de EE.UU. que presenten para su revisión las políticas relativas a las cámaras corporales de sus respectivos organismos en un plazo de 30 días a partir del 7 de junio.
Con información de Mimi Nguyen Ly.
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