La ley estatal recientemente promulgada que proporciona atención médica gratuita a todos los inmigrantes ilegales que residen en California podría costar a los contribuyentes entre 3000 y 6000 millones de dólares por año, según las recientes estimaciones de los legisladores estatales y federales.
Con la expectativa de que casi 700,000 personas obtengan acceso a los nuevos beneficios, las estimaciones varían según cuántas personas se inscriban y la cantidad y el tipo de servicios médicos que se cubran.
Más de 3.2 millones de inmigrantes ilegales viven en California, además de sus más de 1.1 millones de hijos nacidos en Estados Unidos, según un estudio de la población realizado por la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, no partidista, con sede en Washington, D.C.
Juntos, los inmigrantes ilegales y sus hijos representan el 11.1 por ciento de la población del estado.
Los costos para los contribuyentes por los beneficios proporcionados a los inmigrantes ilegales para algunos grupos de edad en 2023 ascendieron a casi 31,000 millones de dólares, de acuerdo al estudio.
“Es inconcebible gastar esta cantidad de dinero”, dijo Ira Mehlman, portavoz del grupo de reforma migratoria, a The Epoch Times el 16 de enero. “Especialmente en un momento en que el estado enfrenta un déficit de 68,000 millones de dólares”.
El gobernador Gavin Newsom sostiene que el déficit presupuestario se acerca a los 38,000 millones, aunque la Oficina del Analista Legislativo del estado emitió un informe en diciembre con una cifra que casi duplica esa cantidad.
Sugiriendo que el déficit se debe, en parte, a un cambio demográfico, Mehlman dijo que el reemplazo de empresas, residentes educados y residentes de clase media y alta, por inmigrantes ilegales, está impactando las finanzas del estado.
“California sigue incentivando la llegada de más personas que dependerán del gobierno, provoca a su vez que cada vez más personas con altos ingresos se vayan”, dijo Mehlman. «Este no es un modelo sostenible».
La atención médica gratuita para inmigrantes indocumentados no es del todo nueva, aunque la ley más reciente amplía el acceso para incluir a todas las edades. La ley anterior permitía que los menores recibieran cobertura, y las medidas posteriores incluían hasta los 25 años y los de más de 50 años.
El Centro de Políticas de Inmigrantes de California (CIPC) una organización estatal que aboga por políticas que protejan y promuevan los derechos de los inmigrantes y sus familias en todo California, afirmó en una declaración de prensa del 10 de enero que el nuevo enfoque de atención sanitaria ampliada debería ser incluso mayor y “acercar nuestro estado a la cobertura sanitaria universal, garantizar la seguridad alimentaria y crear una red de seguridad inclusiva» en la que se dé cobertura a las personas y familias de inmigrantes.
La CIPC pidió a los líderes estatales que avancen en un presupuesto equitativo para todos los californianos y solicitó que los fondos públicos garanticen una «representación legal para todos», concluyan con «garantizar la cobertura sanitaria para todos» y garanticen «el acceso a los alimentos para todos».
Los críticos, incluido un grupo de senadores detrás de un nuevo proyecto de ley federal titulado Ley de Protección de Medicaid, para impedir que los estados brinden Medicaid a los no ciudadanos —Medi-Cal en California— dicen que California está fomentando la inmigración ilegal al ofrecer tales beneficios.
“Medicaid para inmigrantes es un imán para una mayor inmigración ilegal”, dijo el senador estadounidense, el Dr. Bill Cassidy (R-La.), en un comunicado de prensa conjunto en el que anunciaba su proyecto de ley el 11 de enero. “Esta es una política pública terrible para los ciudadanos de California que dependen de Medicaid, familias de clase media que pagan impuestos y deuda estatal”.
Como legislador con experiencia como médico, el Dr. Cassidi indicó que se debe dar prioridad a los estadounidenses y reservar recursos para aquellos que más necesitan asistencia.
“Intentar brindar atención médica gratuita a todas las personas en todo el mundo no es posible ni factible”, afirmó Cassidy. «La compasión que no se puede sostener no es compasión».
Su legislación recientemente introducida cuenta con el respaldo de varios colegas republicanos que argumentan que sus electores no están interesados en que el dinero de sus impuestos pague esos planes de atención médica.
“Los habitantes de Tennessee y el pueblo estadounidense no quieren que el dinero de sus impuestos subsidie Medicaid para inmigrantes ilegales”, dijo la senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.) en el comunicado de prensa. “No solo es injusto para los ciudadanos trabajadores, sino que incentiva una mayor inmigración ilegal y deja en un segundo plano el cuidado de millones de estadounidenses”.
Otro copatrocinador del proyecto de ley sugirió que California aprovechó durante mucho tiempo los fondos federales para cubrir sus políticas progresistas.
“California y otros estados liberales engañaron al sistema durante años para brindar Medicaid a inmigrantes ilegales, lo cual va en contra de la ley y obliga a los contribuyentes de Mississippi a pagar parte de la factura”, dijo la senadora Cindy Hyde-Smith (R-Miss.) en el mismo comunicado de prensa. “La crisis fronteriza del Sr. Biden y las políticas liberales están empeorando y haciendo más costosa la situación”.
Además, a los críticos les preocupa que agregar cientos de miles de nuevos pacientes al sistema de atención médica del estado ejercerá presión sobre una industria que ya está en dificultades.
Las estimaciones de noviembre de 2023 indican que California necesita agregar casi 1500 proveedores de atención primaria para satisfacer la demanda actual, antes de que la nueva ley entre en vigencia, según el grupo independiente de investigación de atención médica KFF, anteriormente conocido como Kaiser Family Foundation.
Algunos legisladores estatales se opusieron a la propuesta en 2022, citando preocupaciones similares sobre la escasez de proveedores y señalaron la necesidad de abordar las deficiencias del sistema de atención médica antes de poner en peligro aún más el acceso de los pacientes al brindar atención médica gratuita a los no residentes.
Buscando revertir la nueva ley, el asambleísta Bill Essayli (R-Corona), presentó el 3 de enero el Proyecto de Ley 1783. La medida eliminaría todos los fondos para la atención médica de inmigrantes ilegales del presupuesto estatal.
Essayli dijo que es imperativo que el dinero de los impuestos se utilice para beneficiar a los residentes y destacó el camino que su familia y muchos otros tomaron para seguir las leyes de inmigración al ingresar al país.
“Los inmigrantes respetuosos de la ley, como mis padres, son parte del gran tejido de nuestro estado y nación”, publicó Essayli el 3 de enero en X, antes Twitter. «Debemos cuidar de nuestros propios ciudadanos antes de intentar cuidar de los ciudadanos de otras naciones».
Con información adicional de Anastasia Gubin
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