Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York pagaban regularmente de más a un contratista para que administrara las pruebas y vacunas anti-COVID. Llegaron a pagar hasta USD 14,050 por una sola vacuna contra el COVID-19, según una auditoría.
Los funcionarios permitieron que Executive Medical Services, un contratista al que se le otorgó un contrato a principios de la pandemia de COVID-19, estableciera sus propios niveles de personal, lo que generó costos descontrolados, descubrió el contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander.
Ello dio lugar a unos costes exorbitantes y a una escasa eficiencia, ya que un análisis de las facturas mostró que sólo se administraba una vacuna por cada dos horas facturadas.
“La contratación de emergencia permite que la Ciudad brinde servicios vitales en tiempos de crisis, pero exige una mayor vigilancia para salvaguardar los intereses fiscales de la Ciudad. Nuestra auditoría revela debilidades significativas en los mecanismos de control que impactan emergencias pasadas, presentes y potencialmente futuras. Al abordar estos desafíos de frente, las agencias pueden gastar mejor los dólares de los contribuyentes de la ciudad de Nueva York de manera inteligente y eficiente, incluso en situaciones de crisis”, dijo Lander, un demócrata, en un comunicado.
El Departamento de Salud y Servicios de Salud Mental de la Ciudad de Nueva York, que pagó los Servicios Médicos Ejecutivos, no respondió a una solicitud de comentarios.
Executive Medical Services, también conocida como Affiliated Physicians, no respondió a una consulta.
Contrato
En un principio, la agencia acordó pagarle a Executive Medical Services hasta USD 500,000. Después de seis enmiendas al contrato, que se extiende hasta finales de 2022, la agencia le pagó al contratista unos USD 390 millones.
El contrato pagó a Executive Medical Services para crear sitios a largo plazo y temporales, o emergentes, para la prueba o vacunación contra el COVID-19. De 302 sitios, 267 fueron temporales.
La oficina de Lander investigó para ver si el Departamento de Salud se aseguró de que los pagos al contratista fueran legales, que los niveles de personal estuvieran razonablemente alineados con la demanda y si los sitios se establecieron de manera equitativa según las disposiciones del contrato.
Si bien los auditores encontraron que los sitios se establecieron en comunidades fuertemente afectadas por el COVID-19, según lo requerido, y que las facturas generalmente estaban respaldadas por documentación, descubrieron datos sobre los niveles y costos de personal.
El departamento “no controló ni supervisó adecuadamente los niveles de personal”, dijo la oficina de Lander.
Según el contrato, Executive Medical Services cobraría USD 150 por hora en todos los centros, más USD 100 por prueba administrada y USD 25 por vacuna administrada. El departamento fue la parte responsable de supervisar el desempeño del contratista, pero el plan carecía de normas para determinar si los sitios estaban debidamente dotados de personal en función de la demanda, dijeron los auditores. Esto dejaba al departamento con «medios limitados para controlar eficazmente los gastos o minimizar el despilfarro”.
Los auditores analizaron una muestra de 49 facturas y la documentación correspondiente y descubrieron que se administraba una prueba por cada 1.6 horas de trabajo de personal, y que se administraba una vacuna cada dos horas de trabajo de personal.
Los auditores también encontraron costos crecientes, incluidos pagos de hasta USD 14,050 por cada vacuna administrada y pagos de hasta USD 2040 por cada prueba realizada.
Los costos variaron significativamente entre los diferentes sitios. El pago más bajo por vacuna administrada fue de USD 70 y el pago más bajo por prueba realizada fue de USD 128.
La agencia les dijo a los auditores que ayudó a establecer los niveles de personal de acuerdo con la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y que varios trabajadores no administraron pruebas o vacunas directamente, incluidos los gerentes y los observadores. Los funcionarios dijeron que la cantidad de personal estaba “predeterminada en función del diseño de un lugar en particular, la cantidad de productos de vacunas ofrecidos y la demanda anticipada”.
“Las vidas de los neoyorquinos se salvaron gracias a los esfuerzos de la Ciudad para brindar servicios de pruebas y vacunación. No es posible asignar un valor monetario a una vida”, agregaron los funcionarios.
Otras fallas
La auditoría también encontró que los funcionarios comenzaron a exigir al contratista que presente informes resumidos diarios en diciembre de 2020.
Los informes incluían el número de empleados en cada sitio, así como el trabajo realizado.
Los informes debían estar firmados por un trabajador de Executive Medical Services y por un empleado del Departamento de Salud.
Sin embargo, una revisión de muestra encontró que una cuarta parte de los informes no estaban firmados por este último.
Según los auditores, la falta de aprobación por parte del departamento significa que la agencia «no disponía de confirmación independiente» de los datos de algunos centros antes de que se le pagara al contratista.
En otra falla, el departamento no completó una evaluación de desempeño al proveedor para el contrato dentro del plazo requerido por la Junta de Políticas de Adquisiciones de la ciudad.
Recomendaciones
Los auditores recomendaron que el departamento desarrolle un proceso estandarizado sobre cómo se establecen los niveles de personal para los contratos, realice análisis regulares de los contratos para asegurarse de que se cumplan de manera eficiente y para asegurarse de que las evaluaciones se completen según lo requerido.
El departamento estuvo de acuerdo con esas recomendaciones.
El departamento rechazó otras dos recomendaciones del contralor.
Los funcionarios dijeron que ya existen procesos para asegurarse de que ciertos documentos, como los informes resumidos, estén firmados por el personal de la agencia y para documentar por qué se abren o cierran los sitios.
La oficina de Lander les dijo a las agencias en una carta, después de que se publicó la auditoría, que deberían tomar medidas para asegurarse de que los contratistas de emergencia se manejen bien.
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