Un informe de auditoría publicado el 23 de abril afirma que funcionarios de Oklahoma gestionaron mal millones de fondos federales de ayuda por el coronavirus y posiblemente infringieron la ley durante la pandemia.
Según la auditora e inspectora del Estado de Oklahoma, Cindy Byrd, al menos dos organismos estatales podrían haber abandonado el proceso de licitación competitiva exigido por la ley estatal, informado erróneamente de la situación de millones en fondos de subvenciones federales y privado de prestaciones a miles de habitantes de Oklahoma.
Una funcionaria mencionada en el informe refutó las acusaciones. Afirma que el informe es engañoso porque los auditores no le pidieron que explicara lo que encontraron.
Según el informe, Oklahoma gastó 13,000 millones de dólares en subvenciones federales durante el año fiscal 2022, gran parte de los cuales correspondían a fondos federales de ayuda a los damnificados (CRF, por sus siglas en inglés). El gobernador Kevin Stitt nombró un equipo al que llamó CARES FORWARD para administrar los fondos federales.
Lo que puede ser una de las acusaciones más graves, sobre la base de la cantidad de dinero en juego y las acusaciones de actividad ilegal, se refiere a la Comisión de Seguridad de Empleo de Oklahoma (OESC) y su ex directora ejecutiva Shelley Zumwalt.
La Sra. Zumwalt asumió la dirección de la OESC en 2020. En ese momento, la agencia estaba asediada por los trabajadores despedidos durante los cierres para detener la propagación del COVID-19.
A medida que se disparaban las solicitudes de prestaciones por desempleo, las anticuadas computadoras de la OESC y su plantilla relativamente reducida no se daban abasto.
CARES FORWARD reservó 17 millones de dólares para actualizar las computadoras y aumentar la plantilla.
Los auditores descubrieron que entre abril de 2020 y agosto de 2022, OESC pagó a la empresa de software informático Phase 2 Development 7 millones de dólares a través de un contrato y varias órdenes de cambio para arreglar el sistema informático.
Otros contratos adicionales reportaron a Phase 2 Development otros 8.5 millones de dólares. La Sra. Zumwalt autorizó esos pagos. La Sra. Zumwalt no dijo a los funcionarios que su marido, John Zumwalt, es vicepresidente de Phase 2, como exige la ley hasta que fue nombrada secretaria de Turismo en 2022.
La señora Zumwalt se negó a ser entrevistada en un correo electrónico a The Epoch Times.
«El informe del auditor es engañoso. Una revisión exhaustiva de esta situación habría aclarado fácilmente cualquier confusión sobre las numerosas firmas y revelaciones que se produjeron mucho antes de que yo fuera nombrada directora ejecutiva de la OESC», dice el correo electrónico de la Sra. Zumwalt.
El fiscal general Gentner Drummond ordenó una auditoría de investigación de la OESC.
«Este nivel de autocontratación representa un imperdonable abuso de confianza que descalifica a la Sra. Zumwalt para supervisar el gasto de nuestros impuestos», dice un comunicado de prensa en su página web estatal. «Debe dimitir inmediatamente y cooperar plenamente con mi oficina».
La Sra. Zumwalt negó haber actuado mal.
Su correo electrónico dice: «La transparencia siempre ha sido una de mis principales prioridades, y no voy a dimitir».
Oklahoma recibió 1200 millones de dólares en fondos de ayuda por el COVID en marzo de 2020. CARES FORWARD y la Oficina de Gestión y Servicios Empresariales (OMES) manejaron gran parte de ese dinero. OMES se le permitió establecer nuevas normas para los contratos de proveedores, que el informe llama «Rolling Solicitations».
Rolling Solicitations comenzó como un programa piloto en 2019. Según los informes, OMES adaptó el programa para permitir que los funcionarios de OMES colocaran a los proveedores en una lista para recibir contratos estatales sin licitación, posiblemente violando la ley estatal.
«SAI ha determinado que estas nuevas reglas no son en el mejor interés de los contribuyentes de Oklahoma», dice un comunicado de prensa de la oficina de la Sra. Byrd.
Uno de los primeros movimientos de CARES FORWARD fue conceder a Jill Geiger Consulting (JGC) un contrato sin licitación de 325,000 dólares para ser el Jefe de Equipo/Director de Proyecto del Fondo de Ayuda contra el Coronavirus.
La firma, con sede en Oklahoma City, está dirigida por Jill Geiger, que trabajó en el departamento de presupuestos de OMES durante 15 años antes de poner en marcha su negocio en junio de 2019, según la página web de la empresa. Esto fue apenas seis meses antes de que OMES la contratara en mayo de 2020. El informe de auditoría cuestiona la experiencia y cualificación de JGC para gestionar programas de subvenciones multimillonarias.
De 2020 a 2022, JGC recibió 1.1 millones de dólares para administrar el Fondo de Alivio del Coronavirus y los Fondos de Alivio de Emergencia Educativa del Gobernador. En el año fiscal 2022, JGC recibió USD 718,416, todos los cuales los auditores informaron como costos cuestionables.
No se sabe con certeza si el trabajo se realizó
«En algunos casos, SAI no pudo determinar si el trabajo se había realizado», señala el informe.
JGC no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios sobre esta historia.
La auditoría enumera el programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia como el que tiene los costos más cuestionables.
Durante los años fiscales 2021 y 2022, Oklahoma recibió USD 276 millones para ayudar a los habitantes de Oklahoma con el alquiler y las facturas de servicios públicos. OMES contrató a Communities Foundation of Oklahoma (CFO), una organización sin fines de lucro. El grupo informó a los reguladores federales que había gastado un total de USD 241 millones en esos dos años.
Sin embargo, los auditores informaron de que habían encontrado que la empresa había retenido 10 millones de dólares en concepto de honorarios de gestión excesivos y 15 millones de dólares en fondos de subvenciones no gastados. Al parecer, los auditores hallaron pruebas de que OMES había comunicado al director financiero que podía quedarse con los fondos sobrantes.
Una de las actividades de Communities Foundation of Oklahoma llamó la atención de los auditores. El informe señala que la organización sin ánimo de lucro gastó 6.5 millones de dólares en reubicar a refugiados afganos en Oklahoma. Los auditores afirman que se trata de un gasto prohibido.
Eso, combinado con gastos no documentados, ascendió a 21 millones de dólares en costes cuestionables.
«En consecuencia, más de 5338 habitantes de Oklahoma no recibieron la ayuda económica que necesitaban durante la pandemia», dice el comunicado de prensa.
El informe de auditoría del año anterior detectó un total de 82 casos de costes federales cuestionables por valor de 29.3 millones de dólares.
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