Un tribunal de apelación de Tallahassee, Florida, ordenó a los tribunales inferiores de dos condados de Florida que garanticen una «audiencia inmediata y una decisión rápida» sobre si los padres pueden optar por que sus hijos no lleven mascarillas en la escuela.
La decisión adoptada el viernes por el Tribunal de Apelación del Primer Distrito responde a una demanda presentada por padres frustrados por la política de mascarillas de las escuelas. Afirman que las autoridades escolares no están siguiendo una norma estatal que les otorga la facultad exclusiva de decidir si sus hijos deben llevar mascarillas en la escuela.
Pero los distritos escolares de esos condados también han presentado una demanda, asociándose con otros cuatro condados para disputar la validez de la norma estatal.
Mientras tanto, el Estado de Florida ha sancionado económicamente a dos distritos escolares que ignoran la norma. Y el lunes, el Comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran, tuiteó: «A la luz de la opinión del Primer DCA que declara que las órdenes de mascarilla de los distritos escolares de los condados de Duval y Alachua violan la ley estatal, estoy poniendo oficialmente a los distritos en aviso: cumplan inmediatamente o enfrenten las consecuencias».
Florida ya ha retenido más de 600,000 dólares de los distritos escolares de Broward y Alachua por su desafío a la restricción del estado sobre las órdenes de uso de mascarillas en las escuelas. Esa cantidad incluye la totalidad de las subvenciones federales que los dos distritos solicitaron para compensar el dinero que se les ha descontado por sus violaciones. El gobierno de Biden había prometido los fondos a los distritos que desafiaran las prohibiciones estatales sobre la orden de uso de mascarillas en las escuelas.
Ahora, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, convocó una sesión especial de cinco días de la legislatura estatal antes del Día de Acción de Gracias con el objetivo de elaborar leyes que pongan fin a los temas de las exigencias de mascarillas escolares y vacunas.
Lo que ocurra con las órdenes en Florida podría tener implicaciones en todo el país, explicó DeSantis.
Los abogados involucrados en casos que luchan contra las órdenes de mascarillas y vacunas están trabajando con abogados de todo el país en una alianza informal formada por el abogado de Gainesville Jeff Childers, quien presentó la demanda contra los distritos escolares de Alachua y Duval. La esperanza de los más de 60 abogados del grupo es desarrollar y compartir «plantillas» de demandas que puedan ser utilizadas por los abogados de todo el país.
Por ahora, la batalla de las mascarillas escolares que se libra en Florida afecta a un número cada vez menor de los 67 condados del estado. El distrito escolar de un condado dio marcha atrás y permitió que el uso de mascarillas quedara a discreción de los padres en cuanto se amenazó con sanciones.
Y el viernes, los funcionarios del condado de Duval, aunque todavía están inmersos en pleitos sobre el tema, cambiaron su política de mascarillas, debido, según dijeron, al descenso del número de infecciones por COVID-19 en el estado. Florida tiene la tasa de infección más baja del territorio continental de EE.UU., según anunció la semana pasada la oficina del gobernador.
En el caso de la demanda contra los distritos escolares de Alachua y Duval, la cuestión no es si el uso de mascarillas hace más seguros a los estudiantes y a los profesores, dijo el juez Robert Long.
En su opinión, en la que coinciden otros dos jueces, Long escribió que el «caso no es una disputa sobre la política pública más sabia para el virus… La cuestión fundamental que tenemos ante nosotros es si [los funcionarios escolares] están obligados a cumplir con las leyes que rigen su autoridad».
Los funcionarios escolares de los condados de Alachua y Duval «admiten que sus políticas no cumplen con la norma. No argumentan que la norma sea poco clara. No argumentan que la regla no se aplica a ellos», dijo Long. «No argumentan que la norma los confunde. No alegan que hayan intentado cumplir la norma. Por el contrario, afirman que están desafiando la norma en un procedimiento administrativo. Y explican que, en lugar de seguir la ley de Florida, están siguiendo sus recomendaciones políticas preferidas…»
El juez añadió que los funcionarios de la escuela «han sido notablemente abiertos en su desafío… En resumen, reconocen que están desafiando la ley, pero argumentan que los tribunales deben negarse a obligar su cumplimiento».
El fallo de Long fue en respuesta a una petición presentada el 2 de octubre por padres frustrados por las órdenes de mascarilla en los distritos escolares de los condados de Alachua y Duval. Los padres presentaron una petición de emergencia para una orden judicial, un movimiento legal que puede obligar a un funcionario o entidad a dejar de actuar ilegalmente.
La petición de los padres pedía al tribunal que exigiera a los consejos escolares y a los superintendentes que siguieran la norma de emergencia del Departamento de Salud de Florida que dice que los padres o tutores legales deben poder optar por que los estudiantes no cumplan con los requisitos de la mascarilla escolar.
La petición también pedía que los funcionarios siguieran otra parte de la norma que permite a los padres enviar a los niños sanos y no sintomáticos a la escuela a su propia discreción, en lugar de estar obligados a mantenerlos en cuarentena después de estar expuestos al virus.
Pero los funcionarios de los dos distritos escolares dicen que el Departamento de Salud del estado no tenía la autoridad para dictar esa norma dando a los padres esas opciones.
Así que los condados de Alachua y Duval se han unido a otras cuatro juntas escolares de condados, presentando una demanda contra la agencia estatal. Los distritos escolares de los condados de Miami-Dade, Broward, Leon y Orange se unieron a Alachua y Duval para impugnar la norma estatal a través del Departamento de Audiencias Administrativas de Florida. Los seis distritos escolares tienen unos 987,000 estudiantes y más de 96,000 empleados en conjunto. La demanda alega que la norma estatal que otorga a los padres la autoridad sobre el uso de mascarillas y la cuarentena de sus hijos es «inválida».
La demanda afirma que el Departamento de Salud del estado tiene una autoridad limitada para elaborar normas para controlar las enfermedades transmisibles, pero la norma en cuestión «no se centra en el control del COVID-19, sino en la protección de los derechos de los padres. El DOH no tiene autoridad para hacer reglas en esta área, y por lo tanto se excedió en su autoridad para hacer reglas».
Por ahora, todos los alumnos de primaria y secundaria del condado de Alachua deben llevar mascarilla, a menos que un «médico calificado» firme una solicitud de exención médica. Los padres se han quejado que los médicos son reacios a firmar los formularios.
En Alachua, los padres de los alumnos de secundaria pueden optar por no obligar a sus hijos a llevar mascarilla.
Los funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado de Duval cambiaron su política de distrito sobre el uso de mascarillas el mismo día que Long envió su orden. Los funcionarios de Duval emitieron el comunicado el viernes diciendo que se habían enterado ese día «de que la tasa de transmisión de COVID-19 en la comunidad ha disminuido de ‘alta’ en la escala de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) a ‘moderada'».
Como resultado, a partir del lunes, «los padres y tutores —a su entera discreción— pueden optar por que sus hijos no se cubran la cara sin ninguna documentación. Solo tienen que rellenar el formulario de exclusión en línea…».
Percibiendo la orden del juez a los tribunales inferiores como una victoria, Childers envió una carta de demanda a la Junta Escolar del Condado de Alachua. Dio a los funcionarios del distrito hasta las 5 p.m. del 2 de noviembre, para rescindir la orden de mascarilla. Si eso ocurriera, los peticionarios presentarían una sugerencia de impugnación en el caso, dijo, lo que resolvería el asunto.
«Ese abogado no tiene ninguna autoridad para decirnos lo que debemos hacer», dijo la portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Alachua, Jackie Johnson. «En este momento, no tenemos una orden del tribunal».
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