Costa rica se convirtió en el primer país en obligar a que todos los niños estén vacunados, pero lo que ha asustado más a la población es que las autoridades podría tomar acciones contra los padres que se opongan.
Para los menores de 12 años, la inoculación comenzará a partir de marzo con la vacuna de Pfizer. Sin embargo, la preocupación aumentó luego que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) dijera que demandaría a los padres que impidan que sus hijos se vacunen.
«Costa Rica es el primer país del mundo en hacer esto sin contar con estudios, sin ningún fundamento técnico o científico que avale la seguridad de las vacunas», dijo el abogado Danny Saborío al programa «Entrevistas EpochTV» de The Epoch Times.
A fines de octubre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer en niños de 5 a 11 años, sin embargo Saborío manifestó que basada en dicha autorización de la agencia, la Comisión de Vacunación de Costa Rica hizo obligatoria la vacuna.
Por su parte, el activista y coordinador de la organización civil «Defendamos Costa Rica» y «Movimiento por la Salud y la Libertad», Marco Albertazzi señaló que hay un fuerte rechazo ciudadano frente a los mandatos de vacunas en el país.
«¿Quiénes son ellos para exigirnos–seamos adultos, adultos mayores, jóvenes, o niños–inocularnos una sustancia experimental que no está aprobada, que la misma farmacéutica en sus contratos no aseguran la efectividad?», dijo.
Asimismo, el abogado costarricense se preguntó hasta dónde podría llegar el gobierno para coaccionar a los padres para que vacunen a los menores.
«¿Va a llegar la policía casa por casa a violentar la intimidad de las personas para eventualmente arrebatarle a la fuerza a un menor de edad a sus padres?», preguntó. «Nos vamos a convertir en un estado totalitario donde veremos redadas masivas».
Ante estas acciones, los costarricenses salieron a las calles para oponerse a los mandatos del gobierno. Los ciudadanos dijeron que no son anti-vacunas, sino antidictaduras, pero los medios también empezaron a sacar de contexto sus manifestaciones.
«Hemos salido a las calles a denunciar la corrupción, la mentira, todos estos atropellos–las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a las libertades constitucionales», dijo Albertazzi.
Ante la preocupación de las personas de perder su trabajo por no querer vacunarse, se creó el Abogados por la Libertad–un cuerpo de asesoría legal a las personas que están siendo despedidas de sus trabajos o que se ven impedidas de inscribir a sus hijos en la escuela por los mandatos.
«Nuestra lucha ha sido la de informar. Nosotros no le decimos a nadie que no se vacune–ese no es nuestro objetivo», dijo Saborío. «Creemos más bien que, por la autodeterminación de cada persona, tienen el derecho de tomar sus propias decisiones y el gobierno tiene el deber de informar, y eso es lo que no se ha dado».
Las autoridades también obligaron a los comercios a exigir un código QR para poder operar a un 100 por ciento. Hasta el momento, los locales que no lo hagan, podrán funcionar al 50 por ciento, pero a partir del 8 de enero, será un requisito para todos.
Mientras tanto, en el sector privado, los empleadores podrían despedir sin responsabilidad patronal a las personas que se opongan a recibir la vacuna. Además, la objeción de conciencia no aplicaría para quienes se opongan a la vacuna.
«No puede ser que ahorita se hagan ciudadanos de segunda clase a partir de si decidiste en tu soberana voluntad con tu cuerpo inocularte o no», dijo. «Están llevando a Costa Rica a ser ciudadanía dividida en dos clases–un apartheid sanitario».
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