La depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi, acusada de diversos delitos tras su detención durante el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, comparecerá por primera vez en persona ante el juez el próximo 24 de mayo, anunció este lunes el tribunal que la juzga.
Durante una vista celebrada hoy, el juez señaló que el Tribunal Supremo ha indicado que las comparecencias no pueden celebrarse virtualmente por videoconferencia como venía haciéndose hasta ahora, informó a Efe Khin Maung Zaw, uno de los abogados de la líder electa.
La vista se celebrará en un tribunal especial que se preparará cerca de la residencia oficial de Suu Kyi en la capital Naipyidó , donde se encuentra en arresto domiciliario desde que los militares tomaron el poder.
Junta a ella comparecerán ese mismo día el presidente depuesto Win Myint, y el expresidente del Consejo de Naipyidó Myo Aung, también detenidos.
Según el letrado, los tres aparecieron hoy en buen estado de salud en la videoconferencia y Suu Kyi volvió a pedir poder reunirse con sus abogados, lo que no ha podido hacer desde que fue detenida.
Los policías presentes en la sala indicaron que aún no han recibido instrucciones de sus superiores, pero el abogado aseguró que la reunión tendrá lugar el mismo día 24 antes de la vista.
Suu Kyi, de 75 años, se enfrenta en el tribunal de Naipyidó a cinco cargos, incluidos la supuesta importación ilegal de dispositivos electrónicos, vulnerar las normas sobre la covid-19 y por provocar la alarma e incitar a que se cometan ofensas contra el Estado y el orden público.
Además, ha sido acusada formalmente ante un tribunal de Rangún de violar la Ley de Secretos Oficiales, el cargo más grave que acarrea una pena máxima de 14 años de prisión.
Las acusaciones han sido rechazadas con contundencia por los letrados de Suu Kyi, que pasó un total de 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior junta militar (1988-2011).
La líder depuesta también ha sido acusada de corrupción, pero de momento no se han presentado los cargos ante un tribunal.
El proceso contra Suu Kyi y otros miembros del Gobierno electo se celebra en medio de las protestas y el movimiento de desobediencia civil que han sido violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad, que han causado al menos 780 muertos y detenido a más de 3800 personas.
El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
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