El Tribunal Federal australiano confirmó este miércoles que Adriana Rivas, una agente del régimen de Augusto Pinochet acusada de la desaparición de siete personas en la década de 1970 en Chile, puede ser extraditada, lo que deja a la mujer solo una vía improbable de apelación.
Al leer el fallo en una vista virtual, el juez Stuart Anderson dijo que el tribunal rechazaba los 17 argumentos de la apelación presentada por la defensa de Rivas, de 68 años, y determinaba que la acusada era extraditable por los siete cargos de secuestro agravado por los que se le requiere en Chile.
La defensa alegó que su cliente no podía ser extraditada porque la Ley de Amnistía en Chile no ha sido derogada por el Parlamento de Chile y, por tanto, no se pueden juzgar los presuntos delitos de Rivas.
La apelación buscaba anular un fallo a favor de la extradición de un tribunal local de Sídney el 29 de octubre de 2020 que fue ratificado el pasado 24 de junio por el Tribunal Federal Australiano.
El fallo de hoy subraya que el papel de la justicia australiana no es determinar si Rivas es culpable o inocente, sino corroborar si existen motivos suficientes para su extradición.
Además, rechazó el argumento de la vigencia de la Ley de Amnistía en Chile, que ampara los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1978), al considerar que se trata de un asunto que compete a la justicia del país suramericano.
Rivas contra las cuerdas
A las afueras del Tribunal Federal de Sídney una decena de activistas chilenos, que llevaron fotografías de las víctimas atribuidas a Rivas, celebraron con aplausos el fallo y leyeron emocionados cada uno el nombre de las siete personas desaparecidas, incluida una embarazada.
«Finalmente, después de más de dos años de que fuera detenida en Australia, y habiendo atrasado su remisión en Chile mediante una serie de dilaciones artificiales por parte de su defensa, el pleno de la Corte Federal ha confirmado hoy la extradición de Rivas», dijo en un comunicado la abogada Adriana Navarro, en nombre de los familiares de las siete víctimas a los que representa.
A la salida del tribunal, Navarro explicó a los activistas allí reunidos que Rivas aún puede recurrir al Tribunal Superior de Australia, pero advirtió de que este paso requiere «una venia especial» de los jueces y convencerlos de que es un asunto de «importancia nacional».
Finalizado el proceso judicial, la última palabra sobre la extradición depende de la fiscal general, Michaelia Cash.
Se presume que la chilena, quien está detenida y recluida en una prisión de la ciudad de Sídney desde febrero de 2019, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Augusto Pinochet), donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.
Chile pidió en 2018 a Australia la extradición de Rivas, quien defiende su inocencia y considera que es víctima de una persecución política, por su presunta participación en el «secuestro agravado» en 1976 de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista del país sudamericano.
Las otras víctimas son Reinalda Pereira, quien estaba embarazada, Lincoyán Berríos, Fernando Navarro, Héctor Véliz, Horacio Cepeda y Fernando Ortiz.
Rivas viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde residió después en una vivienda subvencionada en el barrio de Bondi, en el este de Sídney, y se dedicó durante 30 años a labores de limpieza y cuidado de niños.
En 2006 regresó a Chile, donde fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque logró escapar del país y volvió tres años más tarde a Australia.
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