El canciller austriaco, Alexander Schallenberg, anunció el domingo que el país pondrá en confinamiento a millones de personas que no están totalmente vacunadas contra el COVID-19 a partir del lunes.
Alrededor del 65% de la población de la nación centroeuropea está vacunada, según datos del gobierno. En virtud de las medidas reveladas el domingo, las personas no vacunadas deben permanecer en casa, salvo por razones limitadas.
Las normas, según el gobierno, serán aplicadas por policías que saldrán a la calle para realizar controles a las personas que estén en público. Las personas no vacunadas ya están excluidas de los lugares de ocio, bares, restaurantes y locales y negocios similares.
«No tomamos esta medida a la ligera, pero es necesaria», dijo Schallenberg en una conferencia de prensa para anunciar las nuevas medidas.
Schallenberg admitió que el gobierno esencialmente «ha dicho a un tercio de la población: ya no saldrán de su apartamento salvo por determinadas razones. Es una reducción masiva de los contactos entre los vacunados y los no vacunados».
Ahora, las personas no vacunadas solo pueden salir de sus casas por un número limitado de razones, como ir al trabajo o a comprar lo esencial. No está claro cómo se aplicaría esto. El bloqueo de Austria no se aplica a los menores de 12 años, ni a las personas que se hayan recuperado recientemente de la COVID-19, y durará 10 días, dijo el ministro de Sanidad, Wolfgang Mueckstein.
El viernes, Schallenberg alegó que la vacunación contra el COVID-19 en el país es «vergonzosamente baja» e indicó que el gobierno debería dar «autorización» a las amplias restricciones durante el fin de semana.
Según imágenes de video publicadas en Internet, el sábado se vio a multitudes manifestándose contra la orden de las vacunas en Salzburgo y otras ciudades austriacas, criticando a los «medios de comunicación mentirosos». El domingo se produjeron más protestas, según las imágenes.
El ministro del Interior, Karl Nehammer, dijo que habrá controles policiales exhaustivos y multas de hasta 1450 euros (1660 dólares) por infracciones, y que todas las interacciones con la policía incluirán la comprobación del estado de vacunación de las personas. La medida suscitó una considerable condena en Internet, y algunos comentaristas señalaron que limitaría gravemente la libertad de movimiento de millones de personas.
«A partir de mañana, todos los ciudadanos, todas las personas que vivan en Austria deben saber que pueden ser controlados por la policía», dijo Nehammer en la conferencia de prensa.
Desde hace meses se exige mostrar un pase oficial de COVID-19 que demuestre que se ha vacunado, que se ha recuperado del COVID-19 o que se ha sometido a una prueba recientemente en diversos lugares, como restaurantes, teatros, cafés y peluquerías.
En la vecina Alemania, a pesar de tener su sistema de pases de vacunas «2G» desde hace meses, los casos de COVID-19 se dispararon a sus niveles más altos la semana pasada. Las autoridades sanitarias confirmaron más de 50,000 casos.
El canciller alemán en espera de su confirmación, Olaf Scholz, declaró el jueves ante el Parlamento que se necesitan nuevas medidas «para atravesar este invierno (…) debemos proteger a nuestro país del invierno». Asimismo, el portavoz del gobierno, Steffen Seibert, fue citado por VOA News diciendo que el virus se está «extendiendo dramáticamente» y afirmó que se necesita una «respuesta rápida y unificada».
Con información de Reuters.
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