SACRAMENTO —Un proyecto de ley que, según su autora, protegería a las mujeres contra una acción penal tras la muerte de su bebé debido a un aborto autoinducido, un aborto espontáneo u otras causas, fue aprobado, por un voto de 11 a 3, por un comité de la Asamblea el 19 de abril.
«Cuando los padres experimentan situaciones traumáticas, deben ser apoyados en su duelo, no criminalizados», dijo la autora del proyecto de ley, Buffy Wicks (D-Oakland), durante la audiencia del Comité de Salud de la Asamblea. «Ninguna persona debería tener que soportar la persecución mientras llora una pérdida trágica que ha ocurrido durante su embarazo».
El proyecto de ley, Assembly Bill (AB) 2223, eliminaría la imputabilidad de una madre responsable de «aborto espontáneo, parto de un feto muerto, aborto o muerte perinatal» de un bebé, según el texto del proyecto.
El proyecto de ley cubre lo que se conoce como el periodo perinatal del embarazo, que generalmente se sitúa entre las 22 semanas de gestación y los siete días posteriores al nacimiento, según el análisis del proyecto.
Wick dijo durante la audiencia que las muertes perinatales, tal y como se recoge en su proyecto de ley, se limitarían a una «causa relacionada con el embarazo».
La ley actual exige que el forense investigue la muerte de un bebé no nacido o recién nacido —después de las 20 semanas de embarazo— que resulte de un «aborto autoinducido o criminal», según el proyecto de ley. Excepto en el caso de los abortos legales, el forense debe registrar las condiciones y las causas de la muerte, que pueden utilizarse para apoyar un proceso penal.
Sin embargo, el proyecto, si se convierte en ley, eliminaría el derecho del forense a investigar y determinar las muertes tras un aborto autoinducido y prohibiría utilizar las declaraciones del forense en los certificados de defunción para procesar los casos.
Wicks destacó a las californianas Adora Perez y Chelsea Becker, que fueron encarceladas en 2018 y 2019, respectivamente, tras la pérdida de sus hijos no nacidos por el consumo de drogas durante el embarazo.
«Para proteger la libertad reproductiva y la toma de decisiones de las personas, el AB 2223 ayudará a garantizar que nadie se enfrente al mismo trauma», dijo Wicks.
Cientos de personas salieron a hablar en contra del proyecto de ley, alegando que legalizaría el infanticidio.
Otros cientos se reunieron en las escaleras del Capitolio del estado para protestar.
Alrededor de media docena habló en apoyo del proyecto de ley.
Un ginecólogo de California y miembro del Consejo del Futuro del Aborto de California argumentó que la comunidad médica no siempre puede señalar las causas específicas de las muertes de fetos y bebés.
«Si la comunidad médica no puede identificar la razón de una pérdida perinatal, ¿por qué esperar que el sistema judicial pueda hacerlo?», dijo Selina Sandavol. «Las personas que han sufrido la pérdida de un embarazo suelen experimentar dolor, incredulidad y pena, y dentro de esta carga emocional ahora se ven obligadas a temer la persecución».
La Dra. Sarah Roberts, profesora del Departamento de Ginecología Obstétrica y Ciencias de la Reproducción de la Universidad de California-San Francisco, también se pronunció a favor del proyecto de ley.
Roberts dijo que un estudio que realizó a mediados de la década de 2000 reveló que muchas mujeres que habían consumido alcohol y drogas durante el embarazo o después de dar a luz temían perder la custodia de su hijo.
Las madres no acudían a los médicos mientras consumían drogas para evitar que los profesionales de la medicina implicaran a los servicios sociales durante el embarazo o después, dijo Roberts.
«Estos temores están justificados dada la frecuencia con la que los profesionales sanitarios denuncian a las personas que dan a luz», dijo.
Otros, sin embargo, pidieron que el proyecto de ley fuera rechazado.
«Estamos hablando, en cierto sentido, de legalizar el asesinato, porque nadie puede investigar. … Nadie puede determinar cómo murió este niño», dijo Jack Hibbs, un pastor de Chino Hills, que también se identificó como «superviviente del aborto».
Wicks refutó la afirmación de Hibbs más tarde durante la audiencia.
«El proyecto de ley AB 2223 no impediría que las autoridades pudieran investigar los hechos de la muerte de un niño recién nacido, incluyendo si el niño nació vivo y cuándo y cómo murió», dijo. «El proyecto de ley solo impediría que se siguiera investigando penalmente a la persona embarazada en el caso de que se determinara que la muerte tuvo una causa relacionada con el embarazo».
El Dr. Vance Wong, ginecólogo-obstetra en Sacramento, afirmó que cuando leyó por primera vez el proyecto de ley, pensó que se trataba de evitar el enjuiciamiento de las mujeres embarazadas que pierden inesperadamente a su bebé antes de nacer, pero quedó en «shock y horror» al darse cuenta de lo contrario.
«Si un señor deja embarazada a su pareja y la hace perder el embarazo mediante un acto de violencia… alegará [en] los tribunales que no se lo puede procesar», dijo Wong.
El proyecto de ley avanzará ahora en el proceso legislativo y la próxima vez será escuchado en el comité de asignaciones de la Asamblea.
Con información de Brad Jones.
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