BANGKOK— Un avión con el fundador de WikiLeaks , Julian Assange, partió de Bangkok después de recargar combustible el martes y está en camino a Saipán para llegar a un acuerdo con el gobierno de EE.UU. que lo liberará y resolverá el caso legal sobre la publicación de un conjunto de documentos clasificados.
El vuelo chárter desde Londres que la esposa de Assange, Stella, confirmó que transportaba a su marido salió del aeropuerto internacional de Don Mueang, según la aplicación de seguimiento de aviones Flightradar24. La cuenta oficial de WikiLeaks en X dijo que Assange se dirigía a Saipán, la capital de las Islas Marianas del Norte, una mancomunidad estadounidense en el Pacífico, donde está previsto que comparezca ante la corte el miércoles.
Se espera que se declare culpable de un cargo de la Ley de Espionaje de conspirar para obtener ilegalmente y difundir información clasificada de defensa nacional, según el Departamento de Justicia de EE.UU. en una carta presentada ante la corte.
Se espera que Assange regrese a Australia, su país de origen, tras declararse culpable y ser condenado. La audiencia se celebra en Saipán debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de EE.UU. y la proximidad de la corte a Australia, dijeron los fiscales.
Funcionarios judiciales británicos confirmaron que Assange abandonó el Reino Unido el lunes por la noche luego de que se le concedió la libertad bajo fianza en una audiencia secreta la semana pasada.
«Trece años y medio y dos solicitudes de extradición después de que fuera detenido por primera vez, Julian Assange abandonó ayer el Reino Unido, tras una audiencia de libertad bajo fianza el pasado jueves, celebrada en privado a petición suya», dijo Stephen Parkinson, fiscal jefe de Inglaterra y Gales.
El acuerdo de culpabilidad pone fin de forma abrupta a un caso penal de alcance internacional y a la persecución que durante años ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos de un editor cuyo popularísimo sitio web para compartir secretos le convirtió en una causa célebre entre muchos defensores de la libertad de prensa que afirmaban que ejercía como periodista para sacar a la luz las irregularidades cometidas por el ejército estadounidense. Los fiscales estadounidenses, por el contrario, han afirmado en reiteradas ocasiones que sus acciones infringieron la ley y pusieron en peligro la seguridad nacional del país.
Stella Assange declaró ante la BBC desde Australia que en las últimas 72 horas había estado «en el aire» la posibilidad de que el acuerdo siguiera adelante, pero que se sentía «eufórica» por la noticia. La abogada, que se casó con el fundador de WikiLeaks en la cárcel en 2022, dijo que los detalles del acuerdo se harían públicos una vez que el juez lo haya firmado.
«Será un hombre libre una vez que lo firme el juez», dijo, agregando que todavía no creía que fuera real.
En la red social X publicó que Assange deberá 520,000 dólares al gobierno australiano por el vuelo chárter, y pidió donaciones para ayudar a pagarlo.
Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de WikiLeaks, dijo que el acuerdo en favor de Assange surgió tras la cada vez mayor intervención del primer ministro australiano, Anthony Albanese.
«Este es el resultado de un largo, largo proceso que ha durado algún tiempo. Ha sido una dura batalla, pero ahora el objetivo es que Julian se reúna con su familia», declaró Hrafnsson a la agencia de noticias PA.
En un comunicado publicado en la plataforma de redes sociales X, WikiLeaks dijo que Assange subió a un avión después de salir de la prisión de alta seguridad de Londres, donde ha pasado los últimos cinco años. WikiLeaks aplaudió el anuncio del acuerdo, diciendo que estaba agradecido por «todos los que estuvieron a nuestro lado, lucharon por nosotros y se mantuvieron totalmente comprometidos en la lucha por su libertad».
Albanese dijo al Parlamento que un enviado australiano había volado con Assange desde Londres.
«Independientemente de las opiniones que la gente tenga sobre las actividades del señor Assange, el caso se ha prolongado durante demasiado tiempo», dijo Albanese. «No se gana nada con que siga encarcelado y queremos que vuelva a casa, a Australia».
El acuerdo garantiza que Assange admitirá su culpabilidad, al tiempo que le ahorra más tiempo en prisión. Se espera que sea condenado a los cinco años ya cumplidos en la prisión británica mientras luchaba contra la extradición a Estados Unidos para hacer frente a los cargos, un proceso que se ha desarrollado en una serie de audiencias en Londres.
El mes pasado ganó el derecho a apelar una orden de extradición después de que sus abogados argumentaran que el gobierno de Estados Unidos proporcionó garantías «manifiestamente inadecuadas» de que tendría las mismas protecciones de libertad de expresión que un ciudadano estadounidense si era extraditado desde Gran Bretaña.
Assange ha sido aclamado por muchos en todo el mundo como un héroe que sacó a la luz irregularidades militares en Irak y Afganistán. Entre los archivos publicados por WikiLeaks se encontraba un vídeo de un ataque con helicópteros Apache realizado en 2007 por las fuerzas estadounidenses en Bagdad, en el que murieron 11 personas, entre ellas dos periodistas de Reuters.
Pero su reputación también se vio empañada por las acusaciones de violación, que él ha negado.
La acusación del Departamento de Justicia revelada en 2019 acusaba a Assange de alentar y ayudar a la analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Chelsea Manning a robar cables diplomáticos y archivos militares que WikiLeaks publicó en 2010. Los fiscales habían acusado a Assange de dañar la seguridad nacional al publicar documentos que perjudicaban a Estados Unidos y sus aliados y ayudaban a sus adversarios.
El caso fue criticado por los defensores de la prensa y los partidarios de Assange. Los fiscales federales defendieron que se trataba de una conducta que iba mucho más allá de la de un periodista que recaba información, y que equivalía a un intento de solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos clasificados del gobierno.
El acuerdo de culpabilidad ocurre meses después de que el presidente Joe Biden dijera que estaba analizando una petición de Australia para que Estados Unidos abandonara su empeño en procesar a Assange. La Casa Blanca no participó en la decisión de resolver el caso de Assange, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el caso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.
Assange volvió a los titulares en 2016 luego de que su sitio web publicara correos electrónicos de demócratas que, según los fiscales, fueron robados por operativos de inteligencia rusos. Nunca fue acusado en la investigación sobre Rusia del abogado especial Robert Mueller, pero la pesquisa dejó al descubierto con crudeza el papel que la operación de hackeo desempeñó en la interferencia en las elecciones de ese año en nombre del entonces candidato republicano Donald Trump.
Durante la administración Obama, funcionarios del Departamento de Justicia sopesaron la posibilidad de presentar cargos contra Assange, pero no estaban seguros de que el caso se mantuviera en las cortes y les preocupaba que pudiera ser difícil justificar su procesamiento por actos similares a los de un periodista convencional.
La postura cambió en la administración Trump, sin embargo, el exfiscal general Jeff Sessions en 2017 consideró prioritaria la detención de Assange.
La familia y los partidarios de Assange han dicho que su salud física y mental se han resentido durante más de una década de batallas legales.
Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en 2012 y se le concedió asilo político después de que los tribunales de Inglaterra dictaminaran que debía ser extraditado a Suecia como parte de una investigación por violación en el país escandinavo. Fue detenido por la policía británica después de que el gobierno de Ecuador le retirara el estatus de refugiado en 2019.
Aunque Suecia acabó retirando la investigación por delitos sexuales porque había transcurrido mucho tiempo, Assange había permanecido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh durante la batalla por la extradición con Estados Unidos.
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Por Jintamas Saksornchai, Alanna Durkin Richer y Eric Tucker.
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