El Concejo Municipal de Los Ángeles puso fin el martes, por 13 votos a favor y 0 en contra, a la política de la ciudad que obligaba a los empleados municipales a vacunarse contra el COVID-19.
La decisión permite a los trabajadores de la ciudad volver a solicitar su empleo si fueron despedidos o renunciaron debido al requisito de vacunación. Dos concejales estuvieron ausentes durante la votación.
Durante la sección de comentarios públicos de la reunión del consejo, la abogada Jennifer Kennedy dijo que era hora de poner fin al «cruel mandato» de la ciudad que había dado lugar al despido de muchos trabajadores de la ciudad.
«Ustedes despojaron de sus carreras y mandos a los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles y a los bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles», afirmó Kennedy, que dijo representar a cientos de trabajadores municipales. «Ustedes robaron el sustento de estos dedicados servidores públicos y pusieron a sus ciudadanos en peligro».
Janine Bedard, exsargento de la policía de Los Ángeles, dijo en la reunión del concejo que perdió su trabajo después de servir 24 años en el departamento debido a su negativa a vacunarse.
«Me comunicaron que una de las nuevas condiciones de empleo era vacunarme», dijo Bedard. «Me avergonzaron y me dijeron que era un riesgo para la salud pública y que no podría desempeñar mis funciones como sargento si no me vacunaba. Estoy aquí hoy para pedirles que anulen de una vez el mandato de vacunación».
El presidente del Concejo, Paul Krekorian, y la concejala Traci Park presentaron el pasado mes de octubre una moción en la que se pedía al funcionario administrativo municipal que informara sobre «la viabilidad, las repercusiones y el calendario» de la derogación del mandato de vacunación para los empleados actuales y futuros de la ciudad.
En 2021, un grupo de seis oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles presentó una demanda contra la ciudad por el requisito de la vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la ciudad, argumentando que la política violaba sus derechos constitucionales.
«La Corte Suprema de los Estados Unidos ha explicado que las pruebas médicas invasivas, las inyecciones y otras intrusiones corporales constituyen un registro en el sentido de la Cuarta Enmienda», dice la demanda. «La Constitución protege el derecho de una persona a rechazar la atención médica no deseada».
En abril del año pasado, el condado de Los Ángeles puso fin a su requisito de vacunación para los empleados existentes y nuevos del condado, lo que siguió a una acción relacionada anterior de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles para poner fin a los requisitos de vacunación para ciertos contratistas.
La Administración Biden puso fin a sus requisitos de vacunación contra el COVID-19 para los empleados y contratistas federales en mayo de 2023, citando una tasa de cumplimiento del 98% entre su fuerza de trabajo federal, así como una disminución significativa de las hospitalizaciones y muertes.
Con información de City News Service.
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