La ONU hizo este lunes una actualización del informe sobre violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, en el que la Alta Comisionada de Derechos Humanos denunció nuevos alegatos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el régimen, así como casos de torturas.
Desde la presentación del informe al Consejo de Derechos Humanos el 5 de julio, la situación de los derechos humanos siguió afectando a millones de personas en Venezuela, con claros impactos desestabilizadores en la región, comenzó diciendo este lunes Michelle Bachelet ante la ONU.
“Mi oficina siguió documentado casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional”, indicó.
Añadió que solo en el pasado mes de julio, la ONG ‘Monitor de Víctimas’ identificó 57 nuevos casos de presuntas nuevas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la FAES en Caracas.
#09Sep Actualización oral realizada hoy por Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en #Venezuela https://t.co/wLttpQywMj pic.twitter.com/Sl3i7aJEw7
— PROVEA (@_Provea) September 9, 2019
Lamentó que el régimen venezolano no haya evidenciado ninguna voluntad de atender su solicitud de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
“Por el contrario, la FAES ha recibido apoyo al más alto nivel del gobierno”, dijo Bachelet.
Torturas y abusos
Las críticas de Bachelet incluyeron denuncias sobre «casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares».
La autopsia del capitán Rafael Acosta Arévalo, que falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que sufrió múltiples golpes, múltiples fracturas, contusiones y quemaduras, manifestó Bachelet. Tenía 15 costillas rotas, así como fracturas en la nariz y el pie derecho.
«Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición», expresó.
Por otra parte, señaló que las condiciones de detención no cumplen las normas internacionales mínimas y las personas detenidas no tienen acceso a una atención médica adecuada.
“Pido a las autoridades que tomen medidas para corregir estas prácticas, permitir el acceso a la atención médica e investigar las violaciones de los derechos humanos”.
La Alta Comisionada también se refirió los casos de violencia contra las comunidades indígenas.
“Me preocupa el aumento de la presencia militar en el territorio de los pueblos indígenas Pemon, así como los recientes casos de violencia contra los indígenas, incluyendo la muerte de dos jóvenes Warao en julio, supuestamente por parte de las FAES, así como la muerte de una mujer Warao embarazada y una niña de seis años, y la muerte de un líder indígena de Curripaco en el estado amazónico, supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana”.
Ataques a la Asamblea Nacional
Desde el anterior informe presentado en el mes de julio, Bachelet mencionó que la Asamblea Nacional Constituyente, que responde a Maduro, les retiró la inmunidad parlamentaria a 4 diputados más de la Asamblea Nacional, elevando a 24 el total de los diputados sin inmunidad.
También indicó que dos parlamentarios siguen detenidos en espera de juicio.
Asimismo, alertó que la ONU teme que el espacio democrático se reduzca aún más en Venezuela en caso de que se apruebe una ley que criminaliza las actividades de organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.
«Si esta ley es aprobada y se aplica, reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades», dijo Bachelet.
Según la alta comisionada, algunas ONG que colaboraron con su organismo para preparar el último informe sobre Venezuela han sido denunciadas públicamente y sus representantes amenazados por altos funcionarios.
«Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables. Insto a las autoridades a que tomen medidas preventivas», señaló.
Crisis económica
De otra parte, Bachelet dijo que sigue empeorando la crisis económica y social en Venezuela, que ha obligado a 4,3 millones de venezolanos a abandonar el país y se ha convertido en el caso de hiperinflación más grave experimentado en Latinoamérica.
Si en junio el salario mínimo mensual equivalía a 7 dólares, hoy representa solo 2 dólares, «lo que significa que una familia necesitaría el equivalente a 41 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar».
Según dijo, en junio de 2019 Caritas informó sobre un 35% de malnutrición crónica en niños menores de cinco años en las zonas más pobres de 18 estados.
Michelle Bachelet visitó Venezuela del 19 al 21 de junio de este año.
Durante su estancia la alta comisionada sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el propio Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el presidente encargado Juan Guaidó, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares.
A principios de julio Bachelet presentó el informe con los resultados de su visita en el cual instó al régimen de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar “las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país”.
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