La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua está acentuando todavía más la represión de la sociedad civil, que empezó con fuerza en 2018, y que últimamente hasta los sacerdotes católicos son víctimas de persecución.
«Desde mayo, la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente», sostuvo la alta comisionada en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe de su oficina sobre la situación en Nicaragua.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que dirige Bachelet ha recogido en los últimos meses nuevas informaciones que indica que las detenciones arbitrarias continúan, así como el encarcelamiento de personas percibidas como opositoras y el cese forzado de la actividad de oenegés.
Todo esto está provocando un nivel sin precedentes de salidas del país, incluso mayores a las que se registraban en la década de 1980 durante la Revolución Sandinista.
«En los últimos ocho meses, la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando los 150.000», precisó, tras señalar que también se ha disparado el número de los que son interceptados en las fronteras de Estados Unidos.
Sobre los prisioneros políticos, indicó que hay 173 detenidos en relación con las protestas cívicas de 2018 y medio centenar en el contexto de las elecciones del año pasado, quienes «afrontan condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de Naciones Unidas».
Para todos ellos Bachelet pidió la libertad, tras denunciar que entre otros abusos que sufren está la restricción de visitas de familiares, a los que solo se permitió ir a verlos cuatro veces este año, aunque esto excluía a los hijos menores de edad.
Por otra parte, el informe indica que la Asamblea Nacional (controlada por el gobierno) ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones este año, lo que arroja un total de 454 desde noviembre de 2018, a lo que se suman medidas similares contra doce universidades, que han quedado bajo control estatal.
Tras estas denuncias, Bachelet instó al Gobierno de Nicaragua cesar «las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional».
Consideró que otorgar acceso al país al personal de su organismo sería visto como un gesto muy positivo.
La fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió a la presentación de Bachelet diciendo que ésta exponía hechos «alejados de nuestra realidad» y que se trataba de «una agresión unilateral contra nuestro pueblo y su gobierno legítimamente constituido», a pesar de las denuncias de la ONU y organismos internacionales sobre la falta de transparencia de las elecciones.
Agregó que el informe de Bachelet forma parte de una «campaña liderada por Estados Unidos» con el fin de «inmiscuirse en los asuntos internos de los países».
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