Este lunes la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicó un nuevo informe de la situación de derechos humanos en Venezuela, donde informó que conforme a una Carta de Entendimiento redoblará la cantidad de oficiales de su oficina, la situación de la pobreza persiste y pide que se levanten las sanciones sectoriales al país.
Bachelet en la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos en la presentación del informe de su oficina sobre la situación de DD. HH. en Venezuela dijo que continuará con el enfoque en asistencia técnica en el país y dijo que a través de la renovación de la Carta de Entendimiento de cooperación entre el régimen venezolano, redoblará de 6 a 12 la cantidad de oficiales en el país por parte de su oficina.
Alta Comisionada añadió que su enfoque de cooperación continuará siendo el de fortalecer los mecanismos de protección y justicia, a través de recomendaciones de derechos humanos y las reformas policiales y judiciales.
«Me preocupa la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas», dijo Bachelet en su informe, señalando que el papel de la sociedad civil, «es aún más esencial y debe ser protegido».
Y agregó que le preocupan «las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas».
Además la alta comisionada informó que la situación de la pobreza continúa en el país, diciendo «los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado», que afecta el acceso a la alimentación y educación, «a pesar de los programas económicos y sociales puestos en marcha para aliviar la situación». Por lo que instó a que se fortaleciera el acceso a los servicios básicos, en particular «para los grupos más vulnerables».
Bachelet reiteró su solicitud «a que se levanten las sanciones sectoriales» debido a que la «situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19 [tanto] por las sanciones sectoriales».
Y en ese sentido dijo reconocer «los esfuerzos realizados por el gobierno para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19. Sin embargo, como en otros lugares, esto significó desviar los escasos recursos de otros tratamientos médicos necesarios, amplificando aún más la escasez en el sector de la salud, dejando a sus profesionales y otros grupos vulnerables particularmente en riesgo», bajo el argumento de que «el acceso a las vacunas es un derecho humano y debe considerarse un bien público mundial».
Sin embargo, a mediados de junio el gobierno de Estados Unidos emitió una licencia que levanta algunas sanciones económicas impuestas contra el régimen de Maduro para permitir algunas transacciones relacionadas con la pandemia del COVID-19.
La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC) de EE.UU. informó el 17 de junio que las transacciones que involucren al régimen de Venezuela y algunos bancos venezolanos–como el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela o el Banco Bicentenario y sus filiales–que estén relacionados con “la prevención, el diagnóstico y el tratamiento” del COVID-19 estarían exentos de sanciones.
Con información de VOA.
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