Activistas de derechos humanos coinciden en que la actualización del informe con los más recientes acontecimientos en materia de derechos fundamentales en Venezuela, presentado el miércoles por la Alta Comisionada para DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, evidencia la “impunidad” en el país.
“Lamentablemente después de 3 años teniendo oficiales en Venezuela, haciendo un trabajo de monitoreo y además de ello estarle brindando asistencia técnica al régimen de Nicolás Maduro, a los funcionarios para que no violen derechos humanos, simplemente tenemos una reiteración de violaciones de derechos humanos”, reaccionó Humberto Prado, director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones.
Bachelet, que visitó Caracas hace tres años, exhortó al Estado venezolano a tomar “más medidas” para promover cambios estructurales y a largo plazo, e instó a que se lleven a cabo investigaciones “independientes, exhaustivas y oportunas, con las debidas garantías procesales que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores”.
La Alta Comisionada dijo confiar en que pronto su equipo en el terreno tendrá acceso a las audiencias judiciales y, respecto al acuerdo de abrir una oficina de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en el país, manifestó la intención de la Oficina del Alto Comisionado para DD.HH. de la ONU (ACNUDH) de “apoyar” esfuerzos nacionales para promover toda rendición de cuentas.
Advirtió que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático, sobre las condiciones de detención en centros “previamente administrados por los servicios de inteligencia” y lamentó que su equipo ya no tenga acceso a esos recintos.
“Reitero mi pedido de que todas las personas detenidas arbitrariamente sean puestas en libertad plena inmediatamente, en particular cuya detención ha sido considerada arbitraria por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias”, expuso.
Bachelet dijo reconocer “avances” en la implementación de recomendaciones formuladas por su oficina, entre ellas, las reformas que en materia judicial ha llevado a cabo el Estado venezolano pero que, para algunos sectores, solo buscan “eludir” las competencias la CPI.
Sin embargo, se refirió a la preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil sobre la reelección de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) vinculados con el partido del régimen y, en ese sentido, resaltó la importancia de fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes.
Además, reiteró la necesidad de reducir las brechas de desigualdad, mejorar el nivel de vida y los accesos a los servicios básicos de la población y recordó que el salario mínimo solo permite cubrir el 8% de la canasta básica.
Representantes de varios países, entre ellos, Suiza, Ecuador, Canadá y Francia, lamentaron que no se apliquen las recomendaciones que se han presentado y que, por el contrario, continúe la “persecución e intimidación” contra voces disidentes, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales.
“La Ley de Cooperación que se propone demuestra los esfuerzos de las autoridades para restringir el entorno cívico”, expuso la representante de la Unión Europea ante la ONU.
Diálogo en México
Bachelet reiteró su apoyo al restablecimiento del diálogo entre el régimen del líder Nicolás Maduro y la oposición, con “liderazgo venezolano” y de manera “genuina”.
“Debiera darse prioridad a la participación de las mujeres y debería basarse en los derechos humanos y en el estado de Derecho para garantizar que se aborden las necesidades de todos y todas, en particular de las personas más vulnerables”, manifestó.
En ese sentido, se pronunciaron representantes de distintas delegaciones que pidieron un dialogo político e “inclusivo”, como una “oportunidad” para construir avances que repercutan en los derechos civiles, políticos y económicos de todos los venezolanos.
El Gobierno de España dijo estar a disposición de las partes para “contribuir a estos avances”.
Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU saludó que Bachelet haya reconocido las “iniciativas” del Estado en materia de administración de justicia y cuestionó que se aborde “escasamente” los efectos de las sanciones internacionales.
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