La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el deterioro de la situación en Nicaragua, y pidió un «cambio urgente».
«Llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral», dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el 22 de junio, e instó a «liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente».
La exmandataria dijo que dichos cambios «implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral»
Bachelet explicó que desde su último informe sobre Nicaragua, se ha generado un “preocupante y acelerado deterioro” en el país.
«Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante», agregó.
Bachelet lamentó que la Policía y el Ministerio Público del régimen de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios generales.
«Sus detenciones, bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales», dijo la expresidenta chilena.
Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por el régimen de Daniel Ortega en 2018 y 2020–La «Ley Nº 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo», y la «Ley No. 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz».
La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, «como en efecto está ocurriendo», aseguró la alta comisionada.
Las autoridades nicaragüenses han detenido en lo que va de mes a cinco aspirantes opositores a la Presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, así como a otros opositores y dos históricos exguerrilleros, a falta de cinco meses para los comicios en los que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.
Bachelet también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión «no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales», así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.También apeló a que el Consejo de DD.HH. de la ONU aumente sus esfuerzos para buscar la rendición de cuentas de Nicaragua por las graves violaciones cometidas desde 2018.
Asimismo, antes del discurso de Bachelet ante el Consejo, 59 países miembros firmaron este lunes una declaración en la que apoyan la petición de unas «elecciones libres y justas en Nicaragua y la liberación inmediata de los candidatos presidenciales».
Entre los países hispanos firmantes se encuentran Brasil, Chile, Ecuador, Perú, y España. Ni Argentina ni México firmaron el comunicado.
El Consejo Permanente de la OEA condenó a través de una resolución aprobada la semana pasada la situación en Nicaragua bajo el régimen de Ortega, y exigió la liberación “inmediata” de los opositores presidenciales detenidos y de todos los presos políticos.
Por su parte, Estados Unidos condenó la actual “campaña de terror” en los “términos más inequívocos” y aseguró que el gobierno de Joe Biden “seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar los llamamientos de los nicaragüenses a una mayor libertad o mayor rendición de cuentas, así como a elecciones libres y justas”.
El gobierno estadounidense ha impuesto varias rondas de sanciones económicas a altos funcionarios nicaragüenses, entre ellos algunos familiares directos de Ortega y su esposa y vicepresidenta del país centroamericano, Rosario Murillo.
Con información de EFE.
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