Deutsche Bank y Capital One deben entregar al Congreso los registros financieros del presidente Donald Trump, sus hijos y su compañía, dictaminó una corte de apelaciones el 3 de diciembre.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito emitió el fallo después de que Trump presentó una apelación en agosto luego de que un juez de distrito en Nueva York se negó a bloquear las citaciones emitidas por dos comités del Congreso.
El juez Jon Newman, de 87 años, designado por el presidente Jimmy Carter, dijo que la apelación «plantea una cuestión importante en relación con la autoridad de investigación» de las comisiones de Inteligencia y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
El caso no tiene que ver con una disputa entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del gobierno, dijo Newman, porque los documentos que el Congreso busca tienen que ver con Trump actuando en su capacidad personal. El fallo dijo que el caso de Trump no cumplía con los requisitos para una orden judicial preliminar, aunque sí estableció que los demandantes sufrirían un daño irreparable si los registros financieros se entregaban al Congreso.
Los abogados de Trump dijeron que las citaciones son inválidas debido a la Ley del Derecho a la Privacidad Financiera, que prohíbe a las instituciones financieras revelar los registros de un cliente a «cualquier autoridad gubernamental», pero los comités del Congreso han afirmado que no son una «autoridad gubernamental». Los jueces estuvieron de acuerdo con esa afirmación.
El equipo de Trump también dijo que el Congreso no cumplió con la Sección 6103 del Código de Rentas Internas, que hace que las declaraciones de impuestos sean confidenciales con varias excepciones. El Congreso no disputó el reclamo, pero sostuvo que la disposición no se aplicaba a las declaraciones de impuestos del Deutsche Bank si el banco no recibía las declaraciones del IRS. El fallo dijo que la sección era ambigua, pero que el Congreso parecía estar en lo cierto. Si las declaraciones de impuestos de Trump fueran retenidas por el banco, entonces la información podría ser guardada legalmente, pero el banco dijo el 27 de agosto que las declaraciones no incluyen las del presidente.
Aunque las citaciones fueron amplias, el fallo estableció que el Congreso puede investigar asuntos privados si están relacionados con un propósito legislativo válido. Los registros que buscan los paneles son de 2010 a 2016. El propósito legislativo válido incluye la investigación del movimiento de fondos ilícitos a través del sistema financiero mundial, declaró el fallo, citando a la presidenta de Servicios Financieros, Maxine Waters (D-Calif.).
La sentencia ordenaba a los bancos revelar la mayor parte de la información solicitada. Una excepción fueron algunos de los cheques que el Congreso solicitó porque podrían contener información personal sensible no relacionada con la investigación.
La orden fue suspendida por siete días para que los abogados de Trump pudieran solicitar a la Corte Suprema una extensión de la suspensión.
Los nominados por el presidente George W. Bush, el juez Peter Hall y la juez Debra Ann Livingston, se unieron a la opinión.
Livingston dijo en un desacuerdo parcial que el caso debería ser devuelto a un tribunal inferior para «crear un expediente que sea lo suficientemente detallado como para examinar las serias cuestiones que los demandantes han planteado» y quiere que las partes «vuelvan a la mesa de negociaciones» para tratar de reducir el alcance de las citaciones.
Los comités, dijo ella, «afirmaron su voluntad de negociar de manera expedita» en los argumentos orales «si así lo solicita este tribunal».
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