El fiscal general William Barr planteó recientemente si las principales empresas de tecnología deben seguir siendo, en gran medida, inmunes a los litigios relacionados con su contenido generado por el usuario, añadiendo que el panorama tecnológico cambió mucho en los últimos decenios.
Barr manifestó sus preocupaciones durante un taller del Departamento de Justicia celebrado el 19 de febrero sobre la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. La ley, que fue aprobada en 1996, establece que «ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el orador de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información».
Las empresas en línea como Facebook, Google y Twitter están protegidas por la Sección 230, ya que ésta las exime en gran medida de la responsabilidad por el contenido publicado por los usuarios de sus plataformas, aunque pueden ser consideradas responsables por el contenido que infrinja la legislación penal o de propiedad intelectual.
«Ya no son las empresas tecnológicas las advenedizas desvalidas, sino que se convirtieron en titanes de la industria estadounidense», dijo Barr. «Dado este cambiante panorama tecnológico, se plantearon preguntas válidas sobre si la amplia inmunidad del artículo 230 sigue siendo necesaria, al menos en su forma actual».
Algunas de las preocupaciones de Barr se relacionan con el aparente estiramiento del propósito original del estatuto. Dijo que la inmunidad del estatuto se extendiende desde entonces a conductas como «vender productos ilegales o defectuosos para conectar a los terroristas con la facilitación de la explotación infantil».
«Los servicios en línea también invocaron la inmunidad, incluso cuando solicitaron o alentaron conductas ilícitas, compartieron las ganancias ilícitas o ayudaron a los perpetradores a ocultarse de las fuerzas del orden», dijo Barr.
El abogado neoyorquino Barry Barnett, experto en leyes antimonopolio, dijo a The Epoch Times que las observaciones de Barr sobre el alcance del estatuto indican la voluntad de la administración de «utilizar una amplia gama de herramientas legales para hacer frente a los daños que atribuye a las grandes plataformas tecnológicas».
El Departamento de Justicia está «preocupado por el amplio alcance de la Sección 230», dijo Barr, pero no abogará por una posición específica al respecto.
En diciembre de 2019, el 9º Circuito sostuvo que el estatuto no protege a una empresa de la responsabilidad antimonopolio si sus decisiones sobre «bloqueo y filtrado» de contenido «son impulsadas por la animadversión anticompetitiva», según Barnett. Dijo que en el futuro, espera que la División Antimonopolio del Departamento de Justicia apoye decisiones similares a las del 9º Circuito, a la luz de los comentarios de Barr.
Ashley N. Baker, directora de Política Pública del Comité de Justicia, mientras tanto advirtió que cualquiera de las soluciones propuestas por el gobierno a los problemas con la Sección 230 «son peores que el problema».
«Pedir la intervención del gobierno en el contenido de las redes sociales daría a los burócratas un inmenso control sobre el discurso en línea», dijo Baker por correo electrónico. «Aunque entiendo que hay una preocupación legítima sobre la amplitud de la aplicación del estatuto en los tribunales, creo que tenemos que pensar cuidadosamente en esto, en particular desde las perspectivas del poder del gobierno, los incentivos de la plataforma, y el abuso de la demanda».
Baker, cuyas áreas de enfoque incluyen la Corte Suprema, la tecnología y la política regulatoria, dijo que sin el estatuto, «las plataformas tendrían fuertes incentivos para moderar fuertemente el contenido».
«Es poco probable que empresas como Twitter, Facebook y YouTube se enfrenten a penalizaciones por retirar contenido, pero podrían enfrentarse a una avalancha de demandas por dejarlo», dijo.
Los comentarios de Barr ofrecieron una visión de cómo los reguladores en Washington están reconsiderando la necesidad de incentivos que una vez ayudaron a las empresas en línea a crecer pero que cada vez más son vistos como impedimentos para frenar el crimen, el acoso y el extremismo en línea.
Mientras tanto, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo el 15 de febrero que Facebook debe ser visto como «un punto intermedio» entre un periódico y una empresa de telecomunicaciones, en relación con el contenido. Zuckerberg dijo que Facebook debería ser regulado en ese mismo sentido y que las compañías de tecnología no deberían ser comparadas con los medios de comunicación tradicionales, según The Wall Street Journal.
El interés en la Sección 230 surgió como parte de una «revisión más amplia de las plataformas online líderes en el mercado», según Barr. En julio de 2019, el departamento anunció que su división antimonopolio está «revisando si las plataformas en línea líderes en el mercado lograron poder de mercado y están participando en prácticas que redujeron la competencia, sofocado la innovación o perjudicado de alguna manera a los consumidores, y cómo lo hicieron».
La «gran tecnología» se enfrenta a un número sin precedentes de investigaciones antimonopolio, con cuatro grandes empresas multinacionales de tecnología—Facebook, Google, Amazon y Apple—recibiendo un nivel de escrutinio no visto en décadas. Un comité y subcomité del congreso están investigando a las cuatro, incluso mientras el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio están revisando una o más de las compañías.
Los legisladores de los dos principales partidos políticos pidieron al Congreso que cambie la Sección 230 de manera que pueda exponer a las empresas tecnológicas a más demandas o a un aumento significativo de sus costos.
Reuters contribuyó a este informe.
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