El ex fiscal general de Estados Unidos Bill Barr dijo el fin de semana que cree que Donald Trump no debería testificar ante un gran jurado de Manhattan en un caso criminal en su contra porque el expresidente «carece de todo autocontrol».
A Barr, que fue fiscal general de Estados Unidos con Trump de 2019 a 2020 y con George H. W. Bush de 1991 a 1993, se le preguntó durante una entrevista con Shannon Bream, de Fox News, el domingo si Trump debería subir al estrado en el tribunal si su acusación llega a juicio.
«Quiero decir, no soy su abogado, generalmente creo que es una mala idea subir al estrado», respondió Barr. «Y creo que es una idea particularmente mala para Trump porque carece de todo autocontrol, y sería muy difícil prepararlo y mantenerlo testificando de forma prudente».
Joe Tacopina, abogado de Trump, dijo a The Epoch Times el jueves que se espera que Trump esté en Nueva York para la comparecencia, y el martes 4 de abril podría ser la fecha, dos semanas después de la fecha inicial de arresto que el expresidente predijo en un comunicado en Truth Social.
El 30 de marzo, un gran jurado de Manhattan acusó a Trump en relación con un pago de 130,000 dólares a la actriz de entretenimiento para adultos Stormy Daniels por parte del entonces abogado del expresidente, Michael Cohen. El pago se hizo supuestamente para evitar que Daniels hiciera pública una aventura que afirma haber tenido con Trump, quien niega la afirmación.
Durante la entrevista del domingo, Barr también dijo que, basándose en la información de la que se dispone actualmente, el caso contra Trump parece tener motivaciones políticas.
«Es la esencia misma del abuso de la función de la fiscalía, que es perseguir a una persona en lugar de perseguir un delito real», continuó.
Problemas legales
Además de los problemas legales de Trump en la investigación iniciada por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sobre el presunto pago de «dinero por silencio» a Daniels, el expresidente se enfrenta actualmente a otras tres demandas e investigaciones con posibles responsabilidades penales.
Como principal candidato presidencial republicano para 2024, Trump ha caracterizado estos desafíos legales como parte de una «cacería de brujas» política e intentos de perjudicar su candidatura. Al otro lado del pasillo, los críticos de Trump describen las investigaciones como la correcta aplicación del Estado de Derecho.
Aunque gran parte de la atención se centrará esta semana en el tribunal del bajo Manhattan, las investigaciones desde Atlanta hasta Washington seguirán adelante. Trump se enfrenta a posibles cargos relacionados con la interferencia electoral en Georgia; una investigación sobre el manejo por parte de Trump de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago; y una investigación sobre la presunta interferencia de Trump en el traspaso de poderes tras las últimas elecciones presidenciales.
Barr, por su parte, reiteró en la entrevista del domingo que cree que la investigación federal sobre el presunto mal manejo de información clasificada por parte de Trump, que generó la redada del FBI en el complejo Mar-a-Lago el pasado agosto, sigue siendo el caso más serio.
«Creo que el caso de los documentos es el más serio», dijo Barr. «No creo que fueran por esos documentos para atrapar a Trump. Creo que en realidad querían recuperar los documentos».
En una presentación judicial del 30 de agosto de 2021 (pdf) tras la redada, el Departamento de Justicia dijo que buscó los documentos clasificados emitiendo una citación del gran jurado en mayo de 2021. El departamento alegó que después de que se emitiera la citación, Trump «ocultó y eliminó» los registros del gobierno, y que «probablemente se tomaron medidas para obstruir la investigación del gobierno», lo que llevó a la solicitud del departamento para una redada.
En declaraciones en Truth Social, Trump defendió su conducta diciendo que los documentos estaban protegidos por el privilegio ejecutivo, o el privilegio presidencial inherente a ocultar información al público; la autoridad presidencial para desclasificar documentos; y el privilegio abogado-cliente.
El vicepresidente senior de Estudios Legales del Instituto Cato, Clark Neily, dijo a The Epoch Times que las consecuencias de este caso podrían variar mucho, y podrían ir desde un cargo menor por mal manejo de documentos sin pena de prisión, hasta un cargo de conspiración relacionado con la seguridad nacional, que podría conllevar de 10 a 20 años de prisión.
Con información de Gary Bai.
De NTD News
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