El fiscal general William Barr ha publicado nuevas directrices sobre las decisiones relativas a la fianzas y otras cuestiones previas a juicios, con el fin de ayudar a los fiscales federales en su función de mitigar los riesgos de la pandemia del virus del PCCh, protegiendo al mismo tiempo la seguridad pública.
En un memorando (pdf) del lunes, Barr pidió a los jefes de departamento y a los fiscales federales de todo el país que den el «peso apropiado» a los «riesgos médicos» asociados con las personas que son puestas en custodia cuando se toman decisiones sobre la fianza y la prisión preventiva.
«Incluso con las extensas precauciones que estamos tomando actualmente, cada vez que se agrega una nueva persona a una cárcel, presenta al menos algún riesgo para el personal que opera esa instalación y para las personas encarceladas en ella», escribió. «También presenta riesgos para el individuo que está en prisión preventiva».
El memorando parece dar a los fiscales más flexibilidad para decidir cuándo solicitar la detención de personas que no han cometido delitos graves, que tienen poco riesgo de fuga y que son vulnerables al virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como el nuevo coronavirus, según las directrices sanitarias federales.
Sin embargo, siguió insistiendo en la necesidad de equilibrar la seguridad pública con los riesgos de aumentar la población penitenciaria federal en un momento en que los casos de virus del PCCh van en aumento.
«Se debe dar un peso importante a la seguridad pública, y bajo ninguna circunstancia se debe poner en libertad a quienes representen un riesgo para cualquier persona o la comunidad», escribió en el memorando.
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Subrayó que el departamento sigue teniendo la obligación primordial de proteger al público y debe seguir solicitando la detención de las personas que han cometido delitos graves y que cumplen otras condiciones de custodia en virtud de la ley federal.
«Proteger al público de los criminales es nuestra obligación primordial», dijo.
Mientras tanto, el fiscal general también pidió a los fiscales que ofrezcan las mismas consideraciones a las personas que ya están detenidas en espera de juicio, incluida la evaluación de si la liberación de la persona podría plantear un riesgo potencial de propagación del virus a su comunidad y si la liberación plantearía otros riesgos para el público.
Esto se produce días después de que Barr ordenara a la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que iniciara los procesos para trasladar a los reclusos vulnerables de las prisiones federales a la reclusión domiciliaria. En su orden, dijo que los reclusos de las instalaciones federales más afectadas por el virus del PCCh deberían tener prioridad para el confinamiento en casa. Estas instalaciones incluyen Oakdale en Louisiana, Elkton en Ohio y Danbury en Connecticut.
«Para todos los reclusos que usted considere candidatos adecuados para el confinamiento en casa, se le ordena que los procese inmediatamente para su traslado y luego los transfiera inmediatamente después de una cuarentena de 14 días en una instalación apropiada de la BOP, o, en los casos apropiados y sujeto a su discreción caso por caso, en la residencia a la que el recluso está siendo transferido», escribió en un memorando separado (pdf).
La BOP y el Departamento de Justicia han estado haciendo una serie de ajustes para adaptarse a las afectaciones causadas por la pandemia del virus del PCCh. El departamento también se enfrenta a una serie de demandas y llamadas de los legisladores y grupos de defensa a los presos vulnerables encarcelados en el sistema judicial federal.
Actualmente hay 174,837 reclusos en prisiones federales dirigidas por la BOP o por empresas privadas, según la agencia. Más de 10,000 de entre esta población son mayores de 60 años.
En este momento, hay ocho muertes y 241 casos confirmados entre los reclusos federales, mientras que 72 funcionarios de prisiones han dado positivo para el virus hasta el martes por la tarde, según la agencia.
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