Un senador le está pidiendo al fiscal general de Estados Unidos que aborde las preocupaciones sobre la posible «interferencia política» por parte de la administración Trump en una investigación sobre el ataque hacker a grupos ambientalistas luego de la expulsión del fiscal federal interino para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman.
La investigación, que fue lanzada por la oficina del fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, está examinando aspectos de una operación de piratería informática que se dirigió a grupos de defensa y periodistas, funcionarios gubernamentales electos y de alto rango, fondos de cobertura y múltiples industrias en los seis continentes. Los piratas informáticos supuestamente atacaron a varias organizaciones sin fines de lucro de EE.UU., incluidas las que trabajaron en una campaña contra ExxonMobil.
El senador Sheldon Whitehouse (D-R.I.) envió una carta al fiscal general William Barr el jueves expresando su preocupación por la independencia de la oficina del fiscal estadounidense en Manhattan, luego del despido de Berman. El Departamento de Justicia se enfrentó a un mayor control por el despido de Berman, después que el fiscal estadounidense inicialmente se negara a renunciar a su cargo, pero que luego cedió cuando Barr invocó el poder del presidente para destituirlo.
Durante su tiempo en el cargo, Berman dirigió la acusación contra el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein antes de reportarse su suicidio en la cárcel. También investigó a varios asociados del presidente Donald Trump, incluidos Michael Cohen, el exabogado de Trump, y Rudy Giuliani, el actual abogado de Trump.
Whitehouse le dijo a Barr que estaba preocupado de que la investigación de la operación de piratería a sueldo «sería víctima de la presión política de Washington» o se volviera «lenta o restringida para proteger a los patrocinadores y aliados del presidente» en la industria del petróleo y el gas.
«Las sugerencias de interferencia política en las investigaciones y enjuiciamientos penales en curso, son abundantes en este momento», escribió el senador en su carta dirigida a Barr. «El reciente despido del fiscal general en funciones del Distrito Sur de Nueva York aumenta la preocupación por los asuntos de esa oficina».
«Agregue a eso el interés de la industria del petróleo y el gas en evitar una investigación sobre los eventos documentados en estos informes y su influencia en la administración Trump, cualquier observador razonable tendría motivos para preocuparse», agregó.
The Epoch Times se ha comunicado con el Departamento de Justicia para obtener comentarios.
Whitehouse le pidió a Barr que «asegure que la interferencia política no se aplique a esta investigación» y que se proporcione al senador un registro de todos los contactos de la Oficina del Distrito Sur de Nueva York y del Departamento de Justicia para la investigación.
También solicitó al fiscal general que preserve todas las comunicaciones entre la oficina principal y la oficina de Manhattan relacionadas con la investigación.
El mes pasado, The Citizen Lab, un laboratorio de investigación con sede en la Universidad de Toronto, publicó un informe sobre los detalles revelados de la operación. Descubrió que la operación de piratería, que implicaba enviar correos electrónicos phishing a varias instituciones, estaba vinculada a una empresa de tecnología con sede en India, BellTroX InfoTech Services.
El propietario de BellTroX, Sumit Gupta, negó previamente cualquier irregularidad a Reuters. Mientras tanto, un portavoz de Exxon Mobil le dijo al New York Times en un comunicado el mes pasado que no tenía conocimiento ni estaba involucrado en las actividades de piratería como se describe en el informe de The Citizen Lab.
Según The Citizen Lab, la operación de piratería se dirigió a individuos y organizaciones vinculadas a la campaña #ExxonKnew, que alega que ExxonMobil engañó al público sobre lo que sabía acerca del cambio climático provocado por el hombre. El laboratorio de investigación descubrió que las organizaciones atacadas incluyen el Fondo Familiar Rockefeller, Greenpeace y el Centro de Investigaciones Climáticas.
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