La Corte Suprema, que se encuentra en un punto muerto, ha rechazado las solicitudes de emergencia que buscan frenar los plazos extendidos para la recepción de votos en los estados decisivos de Pensilvania y Carolina del Norte en las elecciones del 3 de noviembre, pero la miembro más reciente de la corte no participó en las decisiones.
Una de las razones que dieron sus partidarios para acelerar la confirmación en el Senado de EE. UU. de la reciente miembro de la corte, la jueza Amy Coney Barrett, fue que al hacerlo Barrett estaría disponible para romper cualquier posible empate de votos 4-4 en casos importantes relacionados con las elecciones en marcha. Durante sus recientes audiencias de confirmación, Barrett se negó a hablar sobre los casos relacionados con las elecciones o si se recusaría de tales casos.
El presidente de la Corte Suprema John Roberts prestó el juramento judicial a Barrett el 27 de octubre, convirtiéndola en la 103º Jueza Asociada de la Corte Suprema. Un comunicado de prensa de la Corte del 26 de octubre, previo a la ceremonia de juramento, decía: «Una vez administrado ese juramento, [Barrett] podrá comenzar a participar en la labor de la Corte».
La Oficina de Información Pública de la Corte Suprema (PIO) no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times para explicar la ausencia de la participación de Barrett.
Amy Howe informa en SCOTUSblog que la PIO le informó que la nueva jueza no participó en la solicitud de Pensilvania porque «optó por no participar para permitir a los jueces actuar en la moción rápidamente y porque aún no había tenido la oportunidad de revisar completamente los documentos relacionados con el caso».
A finales del 28 de octubre, la corte denegó la segunda solicitud de emergencia de los republicanos de Pensilvania destinada a deshacer un fallo de la Corte Suprema de Pensilvania que obliga a los funcionarios electorales del estado a aceptar las boletas de voto por correo recibidas hasta tres días después del día de las elecciones.
En el caso, Partido Republicano de Pensilvania vs. Boockvar, los republicanos pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que acelerara la consideración de si la corte estatal «usurpó la autoridad plenaria de la Asamblea General de Pensilvania» para decidir cómo se nombran a los miembros del Colegio Electoral.
Ellos también querían que la corte suprema decidiera «si la prórroga y la presunción de la mayoría [de la corte estatal] son sustituidas por los estatutos federales que establecen un día de elecciones federales uniformes a nivel nacional».
Pensilvania es uno de los estados más disputados en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El presidente Donald Trump ganó el estado en 2016 por 44,292 votos de los más de 6 millones emitidos. Él obtuvo el 48.2 por ciento del voto popular en el estado, venciendo a la demócrata Hillary Clinton, que ganó el 47.5 por ciento.
Pensilvania tiene 20 votos electorales de los 270 que necesita un candidato para ganar la presidencia.
La decisión de 4-4 deja en vigor el fallo de la Corte Suprema del estado que además de extender el plazo de recepción también requiere que los funcionarios electorales presuman que cualquier boleta recibida antes del plazo extendido que no cuenta con un matasellos inteligible, fue enviada por correo antes del día de las elecciones.
En el fallo del 28 de octubre, el juez Samuel Alito presentó una opinión disidente a la que se unieron los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch. El presidente de la Corte Suprema John Roberts votó junto con los tres jueces liberales —Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor—para rechazar la solicitud. Barrett no participó.
El manejo de la corte «del importante tema constitucional planteado por este asunto ha creado innecesariamente condiciones que podrían llevar a serios problemas post electorales», escribió Alito.
«La Corte Suprema de Pensilvania ha emitido un decreto que altera directamente una importante disposición estatutaria promulgada por la Legislatura de Pensilvania en virtud de su autoridad bajo la Constitución de Estados Unidos para hacer las normas que rigen la realización de las elecciones para cargos federales».
«Sería muy conveniente emitir un dictamen sobre la constitucionalidad de la decisión de la Corte Suprema del Estado antes de las elecciones. Esa pregunta tiene importancia nacional y existe una gran probabilidad de que la decisión de la Corte Suprema del Estado viole la Constitución Federal».
El 19 de octubre, antes de que Barrett fuera confirmada, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la primera solicitud de emergencia de los republicanos de Pensilvania en el caso, también con una votación de 4-4.
La Corte Suprema de Estados Unidos también rechazó dos solicitudes relacionadas con las elecciones de Carolina del Norte, Berger vs. Junta Electoral de Carolina del Norte y Moore vs. Circosta. La solicitud de Berger se resolvió el 29 de octubre; la de Moore, el día anterior.
En ambos casos, Roberts se unió a los tres jueces liberales en la votación para rechazar la solicitud. Barrett no participó en los dos casos.
En 2016, en Carolina del Norte, Trump ganó el 49.8 por ciento de los votos emitidos en el estado, triunfando sobre Clinton quien recibió el 46.2 por ciento de los votos. Trump recibió 173,315 más votos que los que recibió Clinton.
Carolina del Norte tiene 15 votos electorales.
Los republicanos estatales y la campaña Trump pidieron a la Corte Suprema de EE. UU. que revoque la prórroga del plazo para la recepción de las boletas de voto por correo que permitía que esas boletas fueran aceptadas hasta nueve días después del día de las elecciones.
La Alianza de Carolina del Norte para Norteamericanos Jubilados sostuvo que el plazo de recepción del 6 de noviembre debía ampliarse aún más debido a la pandemia. Una corte estatal aprobó un acuerdo de consentimiento entre el grupo y la junta electoral del estado que extendía el plazo para las boletas por correo otros seis días más, hasta el 12 de noviembre.
Los legisladores republicanos estatales demandaron en la corte federal junto a la campaña Trump y al Comité Nacional Republicano, pero la Corte de Apelaciones del 4º Circuito se negó el 20 de octubre a invalidar el acuerdo de consentimiento. El juez disidente J. Harvie Wilkinson instó a las partes perdedoras a «llevar este caso a la Corte Suprema inmediatamente».
El juez Gorsuch escribió en un disentimiento en el caso Moore que los «cambios de última hora [de la junta] (…) fomentan la confusión, arriesgan el alterar los resultados de las elecciones, y en el proceso amenazan la confianza de los votantes en los resultados».
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